10.000 firmas por el NO al megabasural

Más de diez mil ciudadanos argentinos firmaron en rechazo a la instalación de la planta de tratamiento y disposición final de residuos de Córdoba y zona metropolitana, de la empresa Cormecor, en cercanías de Villa Parque Santa Ana.

Santa Ana

Por Vecinos Autoconvocados “Santa María sin Basura”

El sábado pasado a las 1.30 am, los vecinos autoconvocados “Santa María sin Basura” lograron superar las 10 mil firmas en contra de la instalación del megavertedero de Cormecor en el predio ubicado a tan sólo diez cuadras de Villa Parque Santa Ana. Fue en el marco de la peregrinación multitudinaria a la Virgen de Lourdes que año a año congrega a miles de fieles que unen la ciudad de Córdoba y Alta Gracia transitando a pie la ruta 5.

Esta campaña de junta de firmas comenzó a finales de diciembre de 2015. En menos de 2 meses los vecinos, apoyados por familiares, amigos, comerciantes de la región y con un intenso trabajo de concientización en todos los festivales de verano de la provincia, consiguieron algo que parecía inalcanzable para una pequeña comunidad: reunir 10.000 firmas de ciudadanos argentinos.

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Las firmas apoyarán el tratamiento del reclamo de los vecinos en el Congreso de la Nación. Piden que se prohíba la instalación de nuevos megabasurales. Exigen que los gobiernos desarrollen políticas agresivas y urgentes tendientes a disminuir drásticamente los enterramientos de basura mediante la aplicación de programas de “basura cero”, mediante la educación de los ciudadanos para el tratamiento de la basura en origen (separación de materiales reciclables, compostaje, reutilización, educación en la compra, etc.), el desarrollo eficiente de recolección diferenciada y plantas de reciclaje; legislaciones regulatorias sobre producción y comercialización de productos desechables no-biodegradables, etc. Reclaman como principio: que cada persona y cada municipio se hagan plenamente responsables de su basura.

Recordemos que el proyecto de Cormecor es construir en el predio de 500 has. ubicado entre Villa Parque Santa Ana y Bouwer, tres enormes fosas de enterramiento de basura de Córdoba y toda su zona metropolitana (alrededor de 40 localidades) durante 30 años. Serían más de 30 millones de toneladas de basura acumuladas en montañas de 20 mts. de alto y 25 mts bajo la superficie. El proyecto incluye la construcción de 5 plantas de tratamiento de residuos: una de separación mecánica de residuos domiciliarios, una de tratamiento de podas, otra de tratamiento de áridos resultantes de demoliciones, una de tratamiento de neumáticos, otra de biogás y una de tratamiento de lixiviados. Sin embargo las plantas tendían una capacidad inicial para tratar apenas 300 toneladas de las 2.500 que esa región produce diariamente, por lo cual un 80% de la basura irá directamente a enterramiento en un predio con una enorme pendiente surcado por escorrentías, de suelos colapsables y en una región de mallines, según relevó el propio informe de Impacto Ambiental.

Los vecinos han denunciado los graves errores, falsedades y omisiones de datos del Estudio de Impacto Ambiental realizado por la empresa Geoambiental. Fundamentalmente la tergiversación de la información sobre la dispersión de gases por los vientos, la omisión de los pozos de agua que abastecen a Santa Ana, los posibles daños que causarán las escorrentías y arrastre de contaminantes, la omisión de estudios sobre daños a la salud, la falta de consideración de otros polos contaminantes en la zona, etc.

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El tribunal Superior de justicia ordenó a fines de diciembre una cautelar impidiendo el comienzo de obras de la empresa en el predio por considerar que no cuenta con Licencia Ambiental. La Pastoral Social de la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo de la provincia se han pronunciado a favor de los reclamos de los vecinos, solicitando que este tipo de proyectos se instalen en zonas más alejadas de poblaciones.

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Las 10.000 firmas reunidas confirman que la ciudadanía en general apoya el reclamo de los vecinos de Villa Parque Santa Ana. La Ley de medio ambiente obliga al Estado a considerar la opinión de los ciudadanos antes de emitir autorizaciones para este tipo de proyectos. Más de 10.000 ciudadanos dicen NO a este proyecto.

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