Hot! Córdoba: Nadie puede cuestionar a Monsanto

Entrevistamos a miembros de la Fiscalía 2 Turno 4 a cargo de Víctor Hugo Chiapero, por la orden emitida el 30 de diciembre pasado al Bloqueo contra Monsanto.  En la Fiscalía determinan que la orden “no es de desalojo”, sin embargo el Fiscal nunca accedió a la entrevista. Desde la Prosecretaría afirmaron que el Fiscal cree en el espíritu de la lucha y su legitimidad, pero que en el bloqueo hay delito.

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Por Melina Dassano | @MeliDassano
Esteban Morales | @EMoralesLR

Entre los años 2012, 2013 (año represivo) y 2014, más de 100 personas autoconvocadas y vecinxs sufrieron represiones, en distintos operativos ordenados por fiscalías y por la propia Policía de Córdoba. Por un lado, claro ejemplo de represalia hacia quienes se oponen a las políticas ambientales no implementadas por el Gobierno, y por otro el desalojo de tierras y detenciones arbitrarias. Intentos de “convivencia ambiental” digitados de manera confusa ante la inminente emergencia ambiental en la provincia; avance del desmonte con el monocultivo como garantía para desarrollos inmobiliarios. Un Código de Convivencia en la mira, medidas de no innovar para lxs vecinxs y vía libre para las empresas. En esta defensa por los derechos que proponen las leyes vigentes, se crea un espacio de resistencia del pueblo y de los gobiernos capitalistas, frente a la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, con claros fines de desalojar el acampe que se realiza en el ingreso a la planta en construcción.

Frente a la organización popular, que consiguió impedir hasta la fecha las obras de construcción de la empresa, el Gobierno ordenó, además de las represiones mencionadas, diferentes detenciones de manifestantes; en paralelo, mediáticamente se proponían abordajes mediáticos en conjunto con el Municipio de Malvinas Argentinas, enfocados en la “convivencia ambiental” -sosteniendo discursos de paz social y justicia social-, e implementados de manera confusa ante la emergencia ambiental reinante y la repercusión a nivel mundial que estaba causando la resistencia a Monsanto.

Reflejo de esta dualidad discursiva fue lo sucedido el 11 de junio de 2014: mientras la Legislatura aprobaba la Ley 10.208 de Política Ambiental, el Gobernador, desde su Facebook, se refería hacia los autoconvocadxs y vecinxs de la siguiente manera: “se decían ambientalistas y eran un grupo violento y fanático”.

El último capítulo de estos embates ocurrió el 30 de diciembre de 2015. Mientras vecinxs y autoconvocadxs sostenían el bloqueo a los ingresos de la planta (reclamando la efectivización de la medida cautelar dictada en enero de 2014, por la cual la empresa tiene prohibido construir hasta tanto se solucione la disputa de fondo), el fiscal Víctor Hugo Chiapero, a horas de ingresar a la feria judicial, dictó una orden de abrir el bloqueo y permitir ingreso de personas y elementos al predio de la empresa. De no cumplirse la orden, facultaba a la fuerza pública a intervenir para garantizar su efectivización.

Ante esto, en el bloqueo se declaró estado de alerta permanente durante la víspera de año nuevo y en el período de feria judicial de los meses de enero y febrero, denunciando que esta era una orden de desalojo encubierta. La movilización y visibilización del hecho obligó a los fiscales de feria a ratificar que no ejecutarían la orden, postergando toda acción hasta el retorno del fiscal Chiapero, destacando a su vez que la misma no era orden de desalojo.

Al finalizar la feria judicial, a mediados de febrero, nos dirigimos hacia la fiscalía para conocer la postura de Chiapero al respecto.

Esperamos al fiscal desde temprano, mientras visitamos otras causas, en las cuales nos recibieron personalmente como Medio Comunitario, a diferencia de lo sucedido en esta fiscalía.

El fiscal Víctor Hugo Chiapero se hizo presente en el segundo piso de Tribunales II a las 11 de la mañana. Aguardamos su ingreso, al poco tiempo le avisaron de nuestra presencia, y nos informaron desde Secretaría que “el fiscal no tiene tiempo para dialogar, vuelvan en una hora”.  Regresamos, y se había ausentado nuevamente. Ingresó luego pero a reunión en Prosecretaria, por lo que tuvimos que prolongar la espera y exigir posterior atención, tan solo para lograr que la Justicia, en representación de la Fiscalía 2 Turno 4, nos pudiera otorgar de fuente directa una respuesta concreta sobre las implicancias de la polémica orden.

Previo a constatar datos precisos, dialogamos con el secretario del fiscal, quien afirmó que la orden “se tiene que cumplir”, refiriéndose a que los acampantes no se encuentran con derecho para tomar decisiones. Debido a sus limitaciones en el conocimiento de la causa, pedimos hablar con alguien interiorizado en la orden emitida por la fiscalía.

Ante nuestra insistencia, con la intención de seguir profundizando la problemática que venimos cubriendo desde hace más de tres años, logramos por último dialogar con la prosecretaria de la fiscalía, Griselda Muñoz.

Consultada la Dra. Muñoz sobre la orden emitida por Chiapero, nos metimos finalmente en el tema, para conocer los pormenores de una orden que fue difundida como de desalojo, pero que el personal de la fiscalía lo niega, manifestando que “no es de desalojo”.

Nos aseguró la prosecretaria que se instaló información errónea en la comunidad, y cree que de manera tendenciosa. Negó que se vaya a producir una desocupación de los acampantes que llevan ya más de dos años en el sector. “Solamente se dijo que se iba a remover barricadas que hay en el ingreso” aclaró. Fundamentó, a su vez, que desde que está en proceso la causa Monsanto, hace tres años, se ha considerado no llevar adelante acciones frente a varias denuncias hacia ambientalistas, entre ellas peleas a las que consideró violentas. Detalló que en la fiscalía hay denuncias por sustracción del tejido perimetral, privación ilegítima de la libertad por 24hs. (a personal de Prosegur contratado por la empresa), y un incendio provocado con alcance al campo de la Universidad Católica. “Varios hechos comprobados con informe de bomberos y testimoniales”, informó.

Por otra parte, en esta fiscalía se lleva adelante la causa por los ataques de la UOCRA al acampe. Le recordamos a la prosecretaria el caso de la represión y provocación por parte de la patota en conjunto con la Policía de Córdoba. Ratificó que la causa está en la fiscalía, y que hubo procesados y gente identificada. “No tiene por qué notificarse a los denunciantes. Una vez que se inicia la causa, se sigue de oficio”.

Recordando que el día de la represión compartimos la experiencia por haber realizado la cobertura de dicho conflicto de riesgo, destacamos que ese día, por parte de la patota se lanzaban bombas molotov, piedras, e insinuaban tocarse la cintura en momentos de ira, para sacar “el fierro”. La Dra. Muñoz nos aseguró que esos eran infiltrados. Le consultamos sobre el vínculo de la patota actuante con la UOCRA, y nos aseguró que no eran familiares, “no eran nada”. “En los ambientalistas también hay infiltrados, es como todo conflicto. Se llamó en su momento y se mandó a una mediación con Monsanto, algo que prevé el Código ante denuncias, y los asambleístas no concurrieron. No es bueno, porque no hay una capacidad de negociar o de conciliar”. Continuó expresando que el hecho “fue una guerra campal. El fiscal, atento a eso, está la empresa Monsanto que denuncia sistemáticamente y que pide todo lo que está pidiendo, él no puede decir ‘imputo a todos o imputo a unos’. Él tiene que hacer un equilibrio. En este tipo de causas, que son de tanto clamor público, vehemencia [por parte de] la gente, se está tratando de ser lo más equitativo posible”.

Ecos Córdoba – ¿Por más que se trate de una patota?
GM- Esa causa [es] aparte. Se investigó y procesó. No te puedo decir quiénes fueron y por qué delito, porque no la llevé yo. Se podría haber imputado y elevado a juicio [a los acampantes], se trata de ser equitativo a nivel general. El fiscal va actuar cuando haya un delito grave.

Con respecto a los delitos del bloqueo a los que la prosecretaria hizo referencia, nos remarcó que el fiscal no quiso tomar decisiones ante toda la gente que no se quiere identificar; que en general en estos casos “se la detiene, se la identifica”, pero que el fiscal “sabe que es parte de una lucha y no quiere poner más leña al fuego. Tampoco puede permitir que toda esta gente que se está manifestando, así sea de manera pacífica, no puede prohibir el ingreso -no es que la empresa funcione y ni haga las semillas-. Yo puedo estar suspendida a una actividad, lo que no quiere decir que no pueda entrar a mi casa. Eso es propiedad de Monsanto y aunque yo esté en contra de todo eso -a modo de ejemplo-, no puedo negar que cuide sus materiales o se use para otros fines administrativos”. De esta manera aclaró que, desde su perspectiva, el ingreso que se pide a través de la orden no implica que se permita la actividad principal de Monsanto.

Ante esto, le consultamos sobre la contradicción presente entre la medida cautelar que impide a Monsanto construir, y la orden del fiscal Chiapero de permitir el ingreso de personas y elementos a la planta, ya que ese es el mayor temor expresado en el bloqueo. Nos respondió que “el fiscal, aunque quisiera, él no puede cuestionar ni ordenar la actividad principal de Monsanto, que se haga o no se haga. No tiene competencia. El fiscal Chiapero solamente interviene ante denuncias por delitos, cometidos a raíz de esta pelea, de manifestaciones, intereses que están contrapuestos”. Al tiempo que aseguró que el edificio que está construido es propiedad de Monsanto, por lo que se encuentran con derecho “a entrar a limpiar, a desmalezar, a sacar materiales”.

Le recordamos sobre la cuestión “tendenciosa” que manifestó sobre los medios, y le preguntamos si es en referencia a que Monsanto aseguró que se va instalar y va a presentar un nuevo Estudio de Impacto Ambiental que lleva realizando hace tiempo. La Dra. Muñoz se defendió, diciendo que eso no fue asegurado en la fiscalía y que a Chiapero se le han adjudicado varios intereses en su actuación, entre ellos un interés económico y político, y aseveró que eso está lejos de la realidad.

Monsanto siempre se comunicó con la comunidad a través de su vocero el medio La Voz del Interior, y no es una sensación el avasallamiento que siente una comunidad ante el avance de las multinacionales sobre los territorios, y la falta de postura de los municipios, más cuando una empresa es reconocida por la Justicia, al haberse cumplido el pasado 10 de febrero 2 años de su ilegalidad.

EC- Le cuestionamos la orden, porque la misma se va a ejecutar a través de la fuerza pública y en ese momento se va a producir el desalojo y se va a volver a cometer otro delito.
GM-
No se va a cometer desalojo, es la palabra que hay que erradicar.

EC- ¿Y si no se deja pasar [a la empresa]?
GM-
¿Cómo si no dejan pasar? No, ellos no son desalojados. Se van a remover las barricadas, no a la persona física. No va haber represión -todo lo que se dijo-. Estuve en la feria y eso está tan lejos de la realidad. Por ahí, eso son los medios, los que instalan esa información.

EC- Hay un historial de desalojo, represión, en esta causa y en otras realizadas por el fiscal Chiapero, ¿es una sensación que instalan los medios?
GM-
Nunca se tuvo en cuenta, podría haber actuado en contra de asambleístas que cometieron delitos, nunca los imputó, ni los mandó a ningún lado, no se le pintaron los dedos, no se los fichó. Porque cree en el espíritu de la lucha, que es algo legítimo. Ellos tienen la convicción. Ahora que se viralizó todo eso, y a partir de eso, ahora digan algo que no dijo en la orden.

EC- Venimos a constatar esos “dichos”.
GM-
Concejales de Malvinas presentaron una oposición a ese decreto -por la actuación en la feria-. Tenemos que esperar al Juez de Control, es el que va a dirimir la cuestión, si se ejecuta o no eso. Se ejecuta en el sentido de que saquen las barricadas. Acá se trata de tranquilizar, acá no han perdido la lucha. Y la autorización de Monsanto no depende de él. Que se queden tranquilos que el fiscal no está a favor, ni en contra, solo tiene que dirimir cuestiones cuando se presenta delito.

Mientras transcurría la entrevista, la Dra. Muñoz dejaba entrever su creencia ante la instalación de Monsanto.

EC- Hablando de la propiedad privada, el fiscal Chiapero, en la causa González-Bulchi envió orden de desalojo en el Paraje Tres Esquinas y detuvo a 20 personas en abril del 2013.

GM- No, no fue nuestro ese caso. No, lo tendría en la mente. Puede ser que intervino como fiscal de turno por esa orden. Está bueno que ustedes transmitan que el fiscal no los quiere sacar, pero también el derecho del otro comienza donde termina el mío. No puedo prohibir que alguien entre a regar una planta.

EC- Los acampantes alertaron por disparos. Y al poco tiempo que no se dejó ingresar para cortar el pasto, se provocaron incendios. Hemos estado en el lugar y los asambleístas han visto a terceras personas intervenir.
GM- Cuando [se] tenga todo eso junto se lo envía a un Juez de Control, quien va a dirimir si el fiscal Chiapero tiene razón. Sí o no, nada más, es un ingreso. Ellos puede manifestar todo el tiempo que quieran y estar ahí de por vida.

EC- El tema es “la resistencia” [ante la orden de dejar pasar personas y elementos]. Nos preguntamos: ¿[esta resistencia implicaría que] se va a volver a cometer un delito y les van a pintar los dedos?
GM-
El delito, ese es el tema… y el fiscal no ha hecho nada de eso, teniendo elementos.

EC- Porque no hubo resistencia todavía, no se ejecutó la orden.
GM-
Vamos a ver qué pasa. Ustedes transmitan tranquilidad.

EC- Vamos a transmitir la información que nos da, lo que vinimos a buscar. Como siempre, [la instalación de la planta] fue ilegal y así lo determinó la Cámara en lo Laboral. Existe una situación por la cual se cree que se van a cometer actos ilícitos [por parte de Monsanto].
GM- [Monsanto] no va a funcionar -y no depende del fiscal-. También hay que hacer algo, hay necesidad de generar la polémica, mientras más bulla hay…

EC- Hay expectativas, hay una lucha a nivel mundial.
GM-
Todos están cansados. Lo ideal es que estén todos en su casas.

Pasados los días, en el Bloqueo a Monsanto continuaron sucediendo hechos graves, uno de ellos es el ingreso de terceras personas, no vinculadas al acampe permanente que se mantiene contra la empresa multinacional, quienes ingresan a la planta para hacer uso de “los escombros” que quedaron en el lugar, provocando nuevos incendios, como el denunciado el pasado 13 de marzo cerca de las 17hs. Hubo detenciones de personas (sin identificar), ante otros hechos de robo-hurto, derivadas al penal de Bouwer.

Otro de los hechos fue la visita de dos personas correspondientes a la Fiscalía del Narcotráfico para  hacer un relevamiento de los accesos al predio. Se identificaron como oficial inspector Diego Rojas, junto a Mario Ruiz de la fiscalía. Luego de algunas preguntas irrelevantes se retiraron, así lo informaron desde el bloqueo, dando alerta por las redes sociales.

Y lo más grave, una nueva amenaza de muerte, esta vez recayendo en otra mujer, la asambleísta Eli Leiría, vecina de la localidad de Malvinas Argentinas -quien acompaña y sostiene hace más de tres años la lucha contra la multinacional Monsanto-: le exigieron que abandone el Bloqueo porque la vida de ella y de su hijo correrían peligro. Varias mujeres han sido víctima de amenaza y represión por parte del Estado y de la empresa Monsanto en estos últimos años, como es el caso denunciado por Sofía Gatica.

Finalmente, el 15 de marzo a las 13 hs. vecinxs, ciudadanxs, referentes sociales, integrantes de Organizaciones Socioambientales, Partidos Políticos y académicos, presentaron un petitorio al Ministro de Gobierno Juan Carlos Massei. Denuncian el abandono del Estado, debido a que en la zona del predio de Monsanto existe “zona liberada”, a la que acceden a diario, sin restricciones de ningún tipo y especie, personas extrañas -que no forman parte de la protesta- con fines delictivos; y solicitaron garantizar la seguridad psico-física de todas las personas que se encuentran realizando una protesta de manera legítima.

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