Hot! El negocio de Mendiolaza para evadir las leyes ambientales

Vecinos y vecinas de la localidad frustraron la aprobación de un loteo privado. Detrás de este negocio, se esconde una estrategia para evadir las leyes ambientales y marcar un antecedente para el resto de las inversiones inmobiliarias, evitando los controles al desmonte en una de las localidades más castigadas por las inundaciones.

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Ph: @ch_murua

Por Lea Ross | @LeandroRoss

Mendiolaza fue noticia esta semana por el freno que padeció un negocio inmobiliario por parte de los vecinos y vecinas de la zona. El miércoles pasado, decenas de personas se metieron en el interior y en la entrada del Concejo Deliberante de dicha localidad para evitar la aprobación de un emprendimiento privado. La misma se iba a tratar en sesión extraordinaria, convocada por el intendente Daniel Salibi, mediante un decreto firmado el 27 de diciembre pasado.

Según el intendente, la urgencia para aprobar este negocio a cuatro días del mes de enero, y sin esperar para marzo cuando comienzan las sesiones ordinarias, se debe a la contraprestación que recibiría el municipio por parte del privado, que serían dos espacios verdes recreativos en otros dos barrios. El empresario detrás de esto sería un tal Diego Amuchástegui, pero se desconocen sus antecedentes.

Finalmente, debido a la presencia vecinal en el Concejo y a la falta de apoyo de un concejal oficialista, la sesión no pudo llevarse a cabo y fue levantada.

El tratamiento se postergó para marzo.


Video del momento en que uno de los concejales del oficialismo rechazó aprobar el proyecto. Publicado originalmente por @nicodalke.

Detrás de este negocio inmobiliario, con un curioso apoyo acérrimo por parte del jefe comunal, se esconde una maniobra que permite no solo eludir las leyes municipales, sino también las provinciales.

Una estrategia que, si prospera, sería el inicio de una nueva serie de actos ilícitos con el fin de evitar recibir el peso de las leyes ambientales.

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La ecuación

Mendiolaza está regida por un Código de Edificación que estipula los pasos que debe hacer toda empresa que quiera instalar un emprendimiento en la ciudad. Una de las clasificaciones que se le otorgan a los llamados emprendimientos urbanísticos, es aquella que se subdivide en fraccionamientos o subdivisiones simples.

Según el Código de Edificación de Mendiolaza, los loteos por simple subdivisión “podrán ser realizados siempre que los lotes resultantes posean una superficie mínima de 1.000 metros cuadrados y que la cantidad de lotes sean como máximo 8 (ocho)”.

La inversión propuesta por Amuchástegui, cuya aprobación quedó frustrada recientemente, consiste en tres loteos que conforman un total de 15 lotes particulares. Según un análisis del proyecto realizado por un especialista en la materia, a la que accedió ECOS Córdoba, la superficie de cada lote ronda entre los 790 y los 893 metros cuadrados. Es decir, todos menores a los 1.000 metros cuadrados.

La superficie respectiva de cada uno de los tres loteos son de aproximadamente 2.400 (compuesta por tres lotes), 4.000 (cinco lotes más un pasillo) y 6.800 metros cuadrados (siete lotes más pasillo).

La sumatoria total del área sería más de 13.200 metros cuadrados. Y si se la divide por mil, como estipula la ley mencionada, se tendrían 13 lotes de mil metros cuadrados cada uno, en lugar de 15 como lo presenta el desarrollista.

“Lo que pasa es que ellos no lo pueden presentar así, porque el Código de Edificación de Mendiolaza dice que tienen que ser como máximo 8 lotes. Si vos presentás un loteo de 13 lotes, ya te estás pasando. Por eso, ellos lo están dividiendo en tres loteos, separándolos. Pero vos ves el mapa y esos tres loteos están pegados”, señala la arquitecta Valeria Peirano a ECOS Córdoba, quien a su vez integra el colectivo Mendiolaza Vive.

Los loteos se encuentran en barrio El Alto, pegado a la localidad de Villa Allende. Como se puede observar en la imagen de abajo, donde se marca la ubicación aproximada de los tres loteos, se requerirá desmontar esos suelos debido a la presencia de especies vegetales. Y aun así, detrás de los números mencionados, se esconde una maniobra para que a la vez la desarrollista no tenga que cumplir con las leyes ambientales correspondientes. En particular, evitando la presentación del Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).


mapa

Google maps

Evasión a la ley

Dentro de la Ley Provincial de Ambiente, N° 10.208, en su Anexo I, se encuentra la lista completa de todos los proyectos que están obligados a presentar un EsIA y con audiencia pública. El punto número 47 incluye a “Los loteos y planes de viviendas de más de diez (10) unidades” y “cuando superen una superficie de una hectárea”.

Ley de Ambiente Anexo

Precisamente, el proyecto inmobiliario está conformado en su totalidad por 15 lotes (13 si lo dividimos por mil) y conforma un área de más de 13.000 metros cuadrados, que equivalen a 1,3 hectáreas. Por ende, supera las diez unidades y alcanza la hectárea en superficie.

Sin embargo, al dividir en tres loteos, cada loteo quedaría como exento al tener reducidos lotes y no llegar a la hectárea de superficie. Con lo cual, la división en tres partes del emprendimiento lo que busca es evadir la presentación del EsIA más la posibilidad de la participación ciudadana para debatir sobre el proyecto.

Tal como lo señala Peirano: “Aprobar casos que no lo cumplan [al mencionado proceso estipulado en la ley] sienta precedentes. Y todos los lotes tendrían derecho a ser subdivididos”. Así como varios loteos fueron aprobado gracias a los beneficios de la antigua ley provincial de ambiente, que permitía iniciar las respectivas obras sin necesidad de tener ya aprobados los estudios ambientales, con la nueva ley de ambiente, aprobada en 2014, semejantes inversiones están obligadas a cumplir los pasos a seguir tal como lo dictan las leyes provinciales. De ahí que no logran ser suficientes los acuerdos previos de los empresarios con los respectivos jefes comunales para asegurar sus inversiones.

De manera que con esta estrategia, y de aprobarse este proyecto, se permitirá que los próximos loteos y negocios privados en Mendiolaza puedan seguir apropiándose de las tierras sin que les caigan encima las leyes ambientales provinciales, negándose a presentar los estudios ambientales y sin realizar las audiencias públicas.

Daniel Salibi, de la Unión Cívica Radical, es intendente de Mendiolaza desde el año 1999 (había entrado a la Municipalidad en 1988 por ser el yerno del jefe comunal de ese entonces). Una de sus primeras medidas fue aprobar el primer barrio privado de la ciudad. A partir de entonces, se estima que un 40% de los suelos de la ciudad están apropiados por countries. Muchas de estas inversiones se llevaron a cabo por el desmonte en la región, donde habitan especies nativas, para dar paso al cemento y así ofrecer todos los servicios a vecinos de alto poder adquisitivo. Como contracara, Mendiolaza fue una de las localidades más afectadas por las trágicas inundaciones en las Sierras Chicas, ocurridas en febrero de 2015, que incluyeron pérdidas humanas y materiales.

La tragedia decantó en las últimas elecciones, donde el bloque oficialista de Salibi pasó de ocupar seis de las siete bancas del Concejo Deliberante, a cuatro ediles. Y esta semana, uno de esos cuatro se rehusó a aprobar el proyecto del misterioso Diego Amuschástegui.

La concentración vecinal tal vez sea un efecto de lo que ha sido el llamado “Cordobazo ambiental”, aquella movida intensiva llevada a cabo en diciembre pasado, en distintos puntos de la provincia, contra la reforma de la Ley de Bosques. Ese espíritu, que continuaría latente por el posible retorno del debate de los bosques, parece tener sus brotes en algunas batallas que se libran en esta provincia.

1 Comment

  1. Este modus operandi del intendente de Mendiolaza, puesto en evidencia por los ciudadanos de dicha ciudad, muestra lo importante que es detener el proyecto deforestador de El Terrón de Mendiolaza. La aprobación del Terrón busca dejar en letra muerta todas las leyes protectivas y el esfuerzo de buena parte de la sociedad de procurar un futuro mejor para todos. Sentó ya un precedente que pretende incluso inhibir la participación ciudadana en defensa del ambiente.
    Por eso es importante apoyar a los grupos que siguen movilizando, visibilizando y siendo la vía legal en contra de este mega proyecto.

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