Hot! La Calera: Donde hay penas y olvido

Todo empezó en 1980, con el traslado de la cementera. Se profundizó a comienzos del 2000, con el cierre de la fábrica Adidas, que dejó a 900 trabajadores en la calle. Ahora sufren las consecuencias del “boom inmobiliario”. No tienen agua, ni servicios, ni derechos básicos.

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Por Lázaro Llorens (*).

Hace unos años atrás, La Calera, la famosa localidad serrana donde Montoneros hizo uno de sus más célebres ataques, fue tapa de todos los diarios del país, cuando Luis Montenegro, el párroco del lugar, apareció degollado, con una puñalada en el tórax, en su cama, atado de pies y manos “como un cordero”. En ese entonces, mucho se dijo de este horrendo crimen, que algunos vecinos vincularon al narcotráfico y la Justicia resolvió como un confuso robo. Lo que nunca se dijo es que el escabroso asesinato del cura Luis no había sido producto del azar, sino la consecuencia directa de una situación social por demás vulnerable, generada por años de postergación.
Esta comenzó a fines de 1980, con el traslado de la cementera Hércules, propiedad de la familia Minetti, a la localidad de Malagueño, hecho que dejó a La Calera sin su principal fuente de empleo. Se profundizó a comienzos del 2000, con el cierre de la fábrica Adidas, que dejó 900 trabajadores en la calle. Y llegó a su cúspide en la actualidad, con el desembarco de un malón de barrios privados, que coparon Calera y convirtieron a los vecinos de esta localidad en ciudadanos de segunda, sin agua, servicios, ni derechos elementales.
“En mi caso tengo un hijo que tiene terror de salir a la puerta. Es por las explosiones que hacen en una cantera del lugar, y son tan fuertes que me han partido las paredes de toda mi casa”, nos cuenta Graciela, del barrio Rumy Huasi, cuna de los “picapedreros” que trabajaron en las canteras donde se descubrieron las piedras para construir la Cañada. “Hay gente que hace más de 30 años que vive ahí y tiene las casas destruidas. Incluso una vez, por una de estas explosiones, casi matan a dos viejitos, a quienes casi les cayó una enorme piedra en la cabeza”, ilustra Graciela.
Otra vecina que sabe casi como una antropóloga sobre la descarnada realidad que viven muchos habitantes de Calera es Silvia. Ella hace años brega por una ciudad mejor, más inclusiva, donde los vecinos, con servicios básicos, puedan ser propietarios de sus casas. “Acá, hasta el propio intendente Rodrigo Rufeil (PJ) nos discrimina. Él, a través de un medio de comunicación local, ha tratado a los vecinos de Loma de la Cruz de la manera más cruel, con los insultos más grandes. Nos dijo que somos delincuentes, que somos usurpadores, que iba a alambrar todo, y que nos iba a sacar”, comenta Silvia, quien conoce en detalle todas las problemáticas barriales.
La escrituración de la viviendas, asentadas su mayoría en tierras fiscales y privadas, es una de las principales problemáticas, a punto tal que más del 70% no tiene escrituras.
“Casi nadie tiene escritura acá. Ni siquiera los countries”, comenta. Mataderos, La Otra Banda, Serrano, Loma de la Cruz y Rumy Huasi son los barrios más afectados. Aquí viven los olvidados de Calera.

Barrio Mataderos. 
Mataderos, por ejemplo, es un predio de 235 hectáreas de dos mil lotes, que pertenecen al municipio. Hasta el año 2000, estas tierras eran propiedad la familia Minetti, pero fueron donadas al municipio, a su cargo mediante la ordenanza 28/2000. Un año antes, su tenencia había estado en duda, cuando el por entonces intendente Juan Pereyra, un ultramenemista, con inspectores de la ONABE trató de expulsar a los vecinos, quienes ante el temor de perderlo todo se movilizaron y evitaron el desalojo.
“Luego de esta ordenanza, en junio del 2010, el por entonces intendente Cacho Eschepare (Juan Domingo) firmó un convenio donde se comprometió a mensurar, subdividir y escriturar dos mil lotes. Sin embargo, este convenio jamás se cumplió”, comentó Marta, otra histórica vecina del lugar. Hace 40 años que el único papel que acredita su propiedad es un simple “certificado de ocupación”, es decir, de “ocupa”, añade, con sarcasmo.
Natal Crespo. La Otra Banda y Serrano son otros de los históricos asentamientos que fueron asediados. En este caso no sólo por el intendente, sino también por los intereses de los facinerosos empresarios del ladrillo, que frente a la ex fábrica de Minetti han comprado una montaña entera de 430 kilómetros, conocida como “Laguna Azul”. La misma incluye dos lagunas, vías de ferrocarril, el viejo canal de riego de Bialet Masse, y los asentamientos de La Otra Banda y Serrano, donde viven unas 60 familias.
Sobre esta montaña, conocida como “Laguna Azul”, porque en su corazón tiene una laguna de aguas muy claras, formada mientras se extraían áridos de la cantera, y en cuyas profundidades hay, según leyendas, máquinas y muertos, la firma Natal Crespo S.A. quiere construir uno de los countries más grandes de la Argentina, que tendrá hasta una laguna para hacer jet ski. El problema es que los habitantes de La Otra Banda, ubicados en unas nueve hectáreas que corren paralelo al río Suquía, al pie de la montaña, y que hace más de 100 años viven allí, están justo al frente de lo que iba a ser el ingreso al lujoso country “Laguna Azul”. Por eso, con la venia del intendente, hace un tiempo, los propietarios de Canteras Natal Crespo intentaron desalojarlos.
“Luego de eso se firmó un convenio entre los vecinos, Canteras Natal Crespo, y la municipalidad en el cual Canteras Natal Crespo le donó a la municipalidad las nueve hectáreas donde hoy está nuestro asentamiento, para construir una reserva natural, hídrica, cultural y turística”, comentó ante Veintitrés Isabel, histórica vecina de La Otra Banda, quien pasó toda su infancia a la vera del río Suquía, frente a la cementera de Minetti, hoy derruida. “Ahora a la entrada del country la van a hacer por el otro lado, por la autopista, donde ya están removiendo todo y han sacado una familia”, agrega la aguerrida Isabel, vieja compañera de lucha de Silvia.
“Cantera Natal Crespo S.A. es una sociedad anónima controlada por Irsa y Euromayor. La primera es una de las empresas de bienes raíces más grandes de Latinoamérica, propietaria de miles de hectáreas de campo, y dueña, entre otras cosas, de los principales shoppings del país, entre ellos Patio Olmos y Alto Palermo. La otra es Euromayor, una empresa inmobiliaria que hasta hace poco tenía como director a José Luis Palazzo, un ex funcionario de la dictadura y de Carlos Menem, ahijado de Luciano Benjamín Menéndez, y padre del roquero homónimo José Palazzo, productor del Cosquín Rock.
Una historia similar viven los vecinos de Loma de la Cruz. Este barrio, al igual que Mataderos, es parte de las 235 hectáreas donadas por la familia Minetti en el 2000. Como se dijo, su regularización debía iniciarse en el 2010, pero sin embargo, hasta el día de hoy, por abandono de la municipalidad, nada se hizo.
Cabe aclarar que en este barrio viven centenares de familias carecientes, que ante la imperiosa necesidad de tener un lugar donde vivir levantaron precarias viviendas. Muchas de ellas son familias históricas de Calera, quienes desplazadas por las nuevas megaurbanizaciones y el desempleo, se radicaron en esas tierras, cuyo destino sería, según una ordenanza municipal, un “polo industrial”. Esta iniciativa fue abortada el año pasado, mediante la ordenanza 21/2012, con la cual la municipalidad recategorizó esas tierras para “uso residencial” y convino el pago del 7 mil pesos, más 48 cuotas de 354 pesos, para regularizar la situación de los vecinos. Claro que el pago no incluye agua, red eléctrica, ni agrimensuras.
“El tema es organizarse bien para hacerle ver a esta gente que nada es lo que ellos dicen. Acá la gente que se tiene que defender se tiene que despertar, porque lo que pasa es que Calera está dormida”, arenga, como una líder, Marta, desde una silla de plástico, de la cual no se puede mover por una dura enfermedad que la aqueja. “Yo creo que Calera es un pueblo masoquista donde nadie sale a decir nada”, añade esta calerense, a quien según sus compañeras en la municipalidad todos le temen por sus amenazas de incinerarse ante el intendente si este no atendía su reclamo.
 
Rumy Huasi. Por último, otro de los tantos barrios de Calera cuyos vecinos padecen los empellones de las corporaciones es Rumy Huasi (Casa de Piedra). En él viven unas 300 familias y está ubicado cerca de la cantera de áridos El Gran Ombú, propiedad de Héctor Rubén Lugón. La donación de este terreno todavía no está ni mensurada, dicen los vecinos, a quienes las explosiones de la cantera no sólo les han partido en mil pedazos los nervios sino también los muros de sus casas.
“Tenemos fotos de las explosiones, de las roturas de la casas, todo. Incluso yo les he dicho a mis vecinos que vayan al médico y se hagan ver los pulmones, pero tendríamos que ir a un neumólogo y acá en Calera no hay”, nos ilustra Graciela. “En mi caso, hace casi 20 años que estoy pagando el terreno al municipio, pero no tengo escritura. Además, cuando voy a la municipalidad y les pido que nos arreglen las calles, o que pase el camión de basura, me llaman loca”, comenta esta vecina ante el grabador de Veintitrés.
Respecto de Rumy Huasi, en noviembre del 2011 los vecinos firmaron con la municipalidad un “protocolo de trabajo” para mensurar, subdividir y escriturar las 340 parcelas que componen el barrio. El mismo debía ejecutarse en un plazo no mayor a 180 días. Participarían el Colegio de Agrimensores de la provincia, la municipalidad, aportando todos los antecedentes de título y las obras de infraestructura, y la Dirección General de Catastro, en el marco de la regularización de viviendas sociales. Sin embargo, a pesar de los pomposos anuncios, un año y medio después, nada se hizo al respecto y los habitantes de Rumy Huasi siguen a la deriva, como hace 20 años, con tenencias precarias y explosiones.
Por último, una vecina que prefirió el anonimato se acercó a comentarnos que su barrio, donde viven unas dos mil familias, está rodeado de countries –“Las Delicias”, “Las Carolinos”, “Cinco Lomas”, “La Rufina”, “Calycanto”– que usan a su barrio como un patio trasero. “Además, como los propietarios de estos terrenos, la familia Torres, se niegan a firmar la sucesión, las escrituras nunca llegan a los vecinos, y pasados los diez años, los terrenos son quitados a la gente y vueltos a vender”, denuncia la vecina, poniendo sobre el tapete hasta dónde puede verse avasallado un sector cuando el Estado lo segrega y olvida.
(*) Nota publicada para Revista Veintitrés.