Los negocios de un gobierno adicto a Monsanto
En la mañana de hoy jueves 10 de octubre el presidente de FUNAM Raúl A. Montenegro y el letrado Federico Macciocchi junto a vecinxs afectados se hicieron presente en la Secretaría penal de Tribunales II, elevando una denuncia penal a Luis Federico Bocco, Secretario de Ambiente de la provincia de Córdoba , la misma se radico en la fiscalía Distrito 2 Turno 3 de Pedro Caballero, para ser derivada a la fiscalía definitiva.
La denuncia que se hizo pública anoche a través de un informe del programa televisivo ADN, deriva de una investigación realizada por la FUNAM a la CTI (Comisión Técnica Interdisciplinaria) por irregularidades en su función, y participación por lo cual la declaran incompetente y nulos los proyectos que ante ésta Comisión hayan sido aprobados.
Por otro lado, también se difundió que el titular del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos García Allocco –a partir del año 94- mantiene negocios paralelos a su desempeño en la justicia, a pesar de que la Constitución de la Provincia de Córdoba, el Código de Comercio y el Código de Ética impiden la participación de los jueces en la actividad comercial.
El propio García Allocco admitió estar vinculado al negocio del arrendamiento de ganado y la actividad agropecuaria y agrícola.
García Allocco ocupa un puesto de vocal en el TSJ desde el año 2007. Sugerido por el gobernador José Manuel De la Sota, García Allocco dejó de ser camarista de Marcos Juárez para sumarse al máximo tribunal cordobés.
Vale decir que la esposa de García Allocco, Norma Bermejo de García Allocco, fue senadora nacional por Unión por Córdoba -el partido de De la Sota- durante el año 2003. También fue una de las abogadas que exigía recibir la fortuna del multimillonario Manubens Calvet, caso en el que el juez era precisamente Garcia Allocco. (Ver Recusación al Vocal Carlos GARCIA ALLOCCO)
Revisemos los elementos legales para sostener la incompatibilidad de García Allocco:
Constitución de la Provincia de Córdoba
SECCION III -Poder Judicial
CAPITULO I – Disposiciones Generales
PROHIBICIONES
Artículo 156.- Los magistrados y funcionarios judiciales no pueden participar en política, ni ejercer profesión o empleo, con excepción de la docencia o la investigación, de acuerdo con las condiciones que establezcan la reglamentación, ni ejecutar acto alguno que comprometa la imparcialidad de sus funciones.
Código de Comercio de la República Argentina
Artículo 22.- Están prohibidos de ejercer el comercio por incompatibilidad de estado:
1.- Las corporaciones eclesiásticas;
2.- Los clérigos de cualquier orden mientras vistan el traje clerical.
3.- Las magistrados civiles y jueces en el territorio donde ejercen su autoridad y jurisdicción con título permanente.
Código de Ética para magistrados y funcionarios del Poder Judicial de Córdoba
3.9 El Ejercicio de la administración de justicia es incompatible con las actividades político-partidarias y con la emisión pública de opiniones que trasluzcan una filiación partidaria. También lo es con la actuación profesional o con la dedicación comercial, industrial, agropecuaria y financiera, salvo la que concierne a la mera administración de su propio patrimonio. (Agregar como recuadro)
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Así mismo el gremio de judiciales denunció la «incompatibilidad y la realización de posibles manejos poco claros con las autorizaciones para el informe de impacto ambiental que autoriza a la empresa Monsanto, que intenta construir su planta en Malvinas Argentinas. Y afecta además a los proyectos de CORMECOR con el vertedero de Basura en Bouwer, proyectos de Petrone en Carlos Paz, vertederos en Calamuchita y los proyectos inmobiliarios en Candonga, entre otros.
Irina Santesteban, secretaria del gremio de judiciales, señaló que están evaluando hacer efectivas las denuncias a la entidad que corresponda, ante las irregularidades que presenta el Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte Federico Macciocchi junto a Raúl Montenegro se harán presente en el Ministerio de Ambiente el día de mañana para presentar las denuncias administrativas correspondientes. Las organizaciones socio ambientales por su parte acompañarán las acciones al pedido de renuncia de los funcionarios, recordando que el pasado 8 de octubre se movilizaron con la Coordinadora Provincial para la Soberanía Popular por el Agua y la Tierra para declarar la «Emergencia Ambiental» con cerca de 10000 personas presentes.
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