Hot! “Nuestro territorio se encuentra avasallado por los negocios inmobiliarios y el turismo”

 Entrevista a Mariela Tulián, autoridad originaria de la comunidad comechingón Tulián, luego de haber sufrido una imputación por “usurpación” de su territorio. La problemática territorial de lxs indígenas tiene como trasfondo el desenfrenado loteo en San Marcos Sierras y la lentitud de los procedimientos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

18

 

Por Córdoba Originaria / ECOS Córdoba.

El territorio Tulián Caviche, conocido hoy como San Marcos Sierras es habitado por lxs originarixs desde hace más de 10.000 años. Luego de un intenso proceso de lucha que tuvo como referente al cacique Francisco Tulián, la corona española, entre los años 1804- 1809,  les reconoció el territorio que durante el proceso de la invasión a Abya Yala les había arrebatado.

Posteriormente, la comunidad tuvo que soportar, a fines del siglo XIX, la sanción de la ley 854, conocida como “Ley Roca”, que dio vía libre al estado argentino para expropiar tierras, a matanzas generalizadas, persecuciones, torturas, desapariciones forzadas y a la restauración del sistema de esclavitud de indixs a lo largo del territorio argentino.

Más de un siglo ha pasado de aquel genocidio estatal que aún continúa impune. Sin embargo, en la actualidad, a lxs hermanxs Tulián les toca vivir una nueva persecución. Esta vez a una de sus curacas, a Mariela Tulián. El 5 de febrero, el fiscal Martín Bertone de la fiscalía nº 2 del Juzgado de 7º circunscripción de la ciudad de Cruz del Eje la imputó por “usurpación” de su propio territorio.

Diario de una injusticia. En la mañana del día 5 de febrero efectivos de la policía de San Marcos Sierras se hicieron presentes en la casa de la curaca con una orden de allanamiento. Les dijeron que venían a constatar que ella y su familia habían cerrado un camino al señor Claudio Dalla Cosa, vecino que posee un terreno detrás de la casa de Mariela. La policía no quiso otorgarle mayores datos y le pidió a la familia que se dirigiera a la comisaría de San Marcos. Una vez allí, les informaron que habían sido imputadxs y debían trasladarlxs a la ciudad de Cruz del Eje. 

Córdoba Originaria- ¿Cómo se originó el conflicto?

Mariela Tulián- El problema surgió hace dos años cuando otrx vecinx que posee un importante lote cerró el camino principal y dejó sin comunicación a diferentes personas que viven  en las cercanías. La mayoría de lxs vecinxs afectadxs buscaron alternativas pero Dalla Costa no solucionó su problema. Entonces,  nosotrxs le dimos paso por nuestro patio para que pudiera entrar. Luego, al enterarnos que Dalla Costa quería lotear su terreno, le pedimos que arreglara su situación porque no podíamos permitir que desconocidxs pasaran por el patio de nuestra casa. Nuestro terreno es de dimensiones muy pequeñas. Dejar pasar a una persona que conocemos de tantos años es una cosa pero dejar pasar a desconocidxs es distinto.  Además le corresponde arreglar la situación como tiene que ser, pedir el camino que tenía en un principio.

C.O- ¿Qué sucedió luego del allanamiento?

M.T- La policía nos dijo que no tenía más información y que nos debíamos dirigir a la comisaría. Fui a la tarde con mi familia, me ficharon y me llevaron a la comisaría de Cruz del Eje para formalizar la imputación y pintarme los dedos. Eso implica una situación dudosa porque en realidad nos deberían haber notificado unos días antes. Y cuando uno es fichado debe ir acompañado de un abogado porque es un derecho constitucional. Sin embargo, nos dijeron que no nos podíamos negar.  Arreglamos con la policía que fuera yo y al otro día mi marido porque Lautaro, nuestro hijo está muy delicado de salud y no puede quedarse sólo. Luego de la imputación me dijeron que, a partir de ese momento, no podía salir del país hasta que el juez otorgue una autorización. Estuvimos muy mal porque nosotros desde el año 2010 venimos haciendo todos los trámites para llevar a nuestro hijo a Cuba y poder comenzar con su tratamiento. Él se encuentra en estado de coma y necesita empezar de forma urgente su rehabilitación. Por eso,  al día siguiente fuimos bien temprano para tratar de hablar con el fiscal para que me imputaran sólo a mí y no al papá de Lautaro.

C.O- ¿Y en la fiscalía qué les dijeron?

M.T- No me quisieron decir el nombre del fiscal en ningún momento. Nos repetían que para que aceleráramos los tiempos lo único que podíamos hacer era facilitar que el papá de Lautaro fuera también imputado.

C.O- ¿Consiguieron asesoramiento? En Córdoba es difícil encontrar abogadxs comprometidxs.

M.T- Recibimos la visita de la abogada indigenista Cecilia Jufré, de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Ella nos orientó sobre cómo debíamos actuar. La respuesta que nosotros podemos dar es una respuesta comunitaria.  De hecho no puedo responder particularmente porque yo me niego como miembro de una comunidad y como autoridad indígena a atenerme al código civil. Nosotros tenemos legislación indígena muy específica que nos protege. En estos momentos la ley 26.160 protege a todos los territorios originarios del país, prohíbe por el tiempo de vigencia de esta ley que se generen situaciones judiciales, prohíbe los desalojos, los desplazamientos, trámites administrativos y judiciales sobre territorio originario hasta que el INAI devuelva los territorios. Nosotros estamos siguiendo los pasos de la ley, tenemos aprobado el CUESI (Cuestionario Socio-comunitario Indígena) y tenemos respuesta del año 2012 de que el INAI tiene la situación de colaborar para el reconocimiento de nuestro territorio. Sin embargo, esta institución es muy lerda en sus tiempos y esto produce que nuestro territorio día a día sea avasallado por los negocios inmobiliarios y el turismo.

2

Relevamiento Territorial. En el anexo l de la Reglamentación de la ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, artículo 3, establece que el INAI es la institución encargada del relevamiento técnico- jurídico – catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades registradas en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.Ci) y/u organismos provinciales competentes.

Sin embargo, cientos de comunidades indígenas continúan denunciando las “trabas” y la lentitud del INAI para realizar los relevamientos territoriales. De esta manera, las diferentes prórrogas que se han realizado de la ley no logran impedir las numerosas órdenes de desalojo que se emiten y las causas judiciales existentes contra líderes indígenas.

C.O- El asesoramiento e intervención en defensa de los derechos de nuestro pueblo es una tarea también que le compete a lxs delegadxs del Consejo de Participación Indígena (CPI).

M.T- Hasta el momento no han actuado y tampoco se han comunicado con ningún miembro de la comunidad. El CPI es un órgano del estado y debería actuar porque son el nexo entre el INAI y las comunidades.

Finalmente, el martes 25 de febrero el fiscal desestimó la imputación principal que pesaba contra Mariela y llamó a conciliación entre las partes. A pesar de esta resolución, llama la atención que todavía no hay fecha estimada para la conciliación y Mariela todavía  debe cumplimentar etapas judiciales.  “Esto es violatorio de la ley 26.160 y representa otro ataque más a nuestro territorio. Tenemos una situación crítica con la gran cantidad de loteos y con el turismo. Si uno recorre San Marcos puede darse cuenta del gran negocio inmobiliario que nos pisotea. El pasado 10 de enero, tuvimos que enfrentar a una topadora que se encontraba realizando trabajo de desmonte en la ‘Reserva Forestal Natural Sierras de Cuniputo’ que también es parte del territorio de la comunidad. Desde entonces, las amenazas contra nosotrxs se han multiplicado”, concluyó Mariela.

Video: Hijxs del territorio

Deja un comentario


+ nueve = diez

Your email address will not be published. Required fields are marked *