Hot! Por el “oro negro” peligra el destino turístico y ambiental de Córdoba

La justicia cordobesa vuelve a dejar una puerta abierta para la producción de megaminería metalífera e hidrocarburo. Seis vocales y un presidente conforman el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes negocian una sentencia a puertas cerradas por la anulación de la Ley Minera N° 9526. Asambleístas y organizaciones no gubernamentales juntan pruebas y una basta cantidad de firmas oponiéndose a la producción a gran escala.

Convocatoria en el Tribunal Superior de Córdoba.

Por Melina Dassano | @MeliDassano

La justicia cordobesa vuelve a dejar una puerta abierta para la producción de megaminería metalífera e hidrocarburo. Seis vocales y un presidente conforman el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), quienes negocian una sentencia a puertas cerradas por la anulación de la Ley Minera N° 9526. Asambleístas y organizaciones no gubernamentales juntan pruebas y una basta cantidad de firmas oponiéndose a la producción a gran escala.

Uno de los territorios más productivos para el mercado del agronegocio atiende en Córdoba, a pesar que el propio García Alocco presidiendo el TSJ declaró “La actividad agropecuaria no es una actividad comercial”, luego de repetidas acusaciones de participar de negocios agrícola ganadero desde el año 95, los “años dorados”. Cuenta la historia del desarrollismo que tras la caída de estos gloriosos años por el cepo cambiaro, se fortalece el negocio inmobiliario cordobés donde el ladrillo pasó a ser una inversión más que segura -como lo menciona Juan Wasilevsky para Iprofesional -.

Este modelo fue la nueva inversión ante a la inestabilidad económica del campo. Altas ganancias económicas como altas las pérdidas de flora y fauna que sufrió el país. Así sin expectativas y proyectos de recuperación de los recursos a corto plazo, a los cordobeses les tocó pagar con daños colaterales graves desastres ambientales, extensivos incendios, desalojos, severas inundaciones, pérdida de bosques y el crecimiento progresivo de enfermedades oncológicas, entre otras, ello con la interrupción de la biodiversidad y la vida humana.

Vamos por todo

Resulta cierto que los inversores en Córdoba (empresarios y gobiernos), por sus ambiciones económicas “no pueden” quedarse solo con las inestables ganancias del campo y el sector automotriz. Salieron entonces a buscar negocios rentables y establecieron contratos con las multinacionales. Inminente para el capitalismo apostar a las inversiones extranjeras con proyectos a gran escala.

Las industrias cordobesas al menos “no quieren quedarse solo importando tecnología a Vaca Muerta”, así lo expresaron en el último encuentro “Petróleo y gas, una oportunidad única”; tercera edición del evento Shale Gas World, realizada recientemente en el hotel Hilton de la ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Lawson hombre del gobernador De La Sota fue muy claro “Córdoba puede convertirse en un polo industrial en la industria del shale oil y shale gas porque tiene 162 terminales de maquinaria agrícola, fácilmente convertibles para producir máquinas y tolvas (necesarias para la explotación del shale gas). Puede producir camiones, grúas y maquinarias; tiene una riqueza industrial enorme a partir del polo metalmecánico”, aclaró.

Lawson continuó vendiendo el territorio para los no convencionales “Por su ubicación mediterránea, la provincia tiene una posición geográfica estratégica, entre el yacimiento de Vaca Muerta y la cuenca del Chaco, abarca el norte de Córdoba, las provincias mesopotámicas, parte de Paraguay y sur de Brasil. Además destacó la fortaleza de la provincia en materia de oferta académica universitaria, que puede acompañar la formación de los profesionales que demanda el sector energético.

Así la Universidad de Córdoba en una semana clave para la Ley de Minería, participó del seminario “Experiencia Y-TEC” organizado desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología el pasado 10 de agosto a partir en el Auditorio K de Odontología (Ciudad Universitaria). La actividad involucró la disertación del Ing. Santiago Sacerdote, actual CEO de la empresa. No es convencional en una universidad pública la gran participación que ha logrado el sector empresarial. Lo cierto que Y-TEC fue presentada en el 2014 por su gerente Jorge Maurino en el marco del encuentro: Modelo de desarrollo y extractivismo en américa latina, en la Universidad Católica de Córdoba (UCC), donde señaló  “es el fruto de la unión de dos ideas que se gestaron desde YPF y CONICET”.

¿Se avecina un panorama sobre los no convencionales en Córdoba? El tema ya había sido adelantado por Leonardo Brkusic, director ejecutivo del Grupo Argentino de Proveedores de Petróleo (Gapp). “Se va a requerir una gran cantidad de bienes durante un lapso de por lo menos 10 años” afirmó para el medio La Voz del Interior. Firmó en Córdoba un convenio con la Cámara de Industriales Metalúrgicos, donde empresas locales apostaron proveer a la industria petrolera argentina, liderada por YPF y Pan American Energy. Así se destaca Eduardo Borri, presidente de Bertotto, Boglione SA, metalúrgica de Marcos Juárez, que provee de piletas de fractura a YPF.  Según sus declaraciones para Fracking Argentina reconoce estar “bastante avanzados con algunos proyectos para el manejo de arena y agua que son dos componentes centrales del fracking hidráulico” entendiendo que el shale ya es una política de estado, con potencial para transformar al país.

Si hay otro motivo para justificar la derogación de la ley minera es el reciente Cluster que se creó de Petróleo, Gas y Minera provincial. Benjamín Buteler, unos de sus miembros señaló que Argentina tiene una larga historia en explotación de hidrocarburos, que se ve potenciada de cara al futuro con las previsiones organismos como la EIA (Administración de Información Energética de Estados Unidos), que sostienen que el país tiene las segundas reservas mundiales de shale gas y cuartas de shale oil. También hizo énfasis a lo que varias metalúrgicas acuerdan, “Aunque Córdoba no tiene reservas, su industria puede ofrecer mucho”, informó para Fracking Argentina.

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Imagen de la revista Socios

La verdad es que si vienen por el “oro negro” tras la denuncia de inconstitucionalidad de la Ley 9526 desde el 2009 por CEMINCOR (Cámara Empresaria Minera de la Provincia de Córdoba), y APCNEAN (Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear), se puede verificar en un trabajo editorial de la Revista Socios. La nota relata sobre la explotación no convencional D-129 – la roca generadora de básicamente todas las formaciones que vienen produciendo en Chubut-, presentando un mapa de explotación en nuestro país donde se incluye a la provincia de Córdoba, en una clara muestra de las cuencas brutas sin explotación, mostrando la continuidad de la exploración de hidrocarburos no convencionales.

El 13 de febrero de 2013, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, transmitió seguridad económica en la inauguración del yacimiento “El Trébol” en el Golfo San Jorge -si bien habló de exploración laboral y se limitó hablar de explotación-,  mencionó que “tenemos la tercera reserva de gas no convencional”. Al tiempo que reafirmó “estoy segura además que tenemos muchísimo convencional que todavía tenemos que extraer y aún explorar en muchísima partes de la República Argentina y de nuestra patagonia también. Por eso queremos ir por todo, por el convencional y el no convencional” en resumen de lo que significa la “soberanía energética”.

Para más información sobre Fracturación Hidráulica (fracking) en Argentina, la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) en colaboración con ECOJURE, publica un extenso informe sobre la evolución de la fracturación hidráulica (fracking)  en Argentina.

Decisiones cerradas

La sospecha viene detrás de varios anuncios desde de la nación, la provincia y espacios académicos donde han colocado a Córdoba como una de las provincias potable también para la exploración de uranio (oro negro atómico). Nada impide al gobernador José Manuel De La Sota, tener una buena relación con el gobierno nacional a la hora de mostrar apertura comercial sin medidas de impacto ambiental. Estos modos resultan de la tradicional y (grosera) manera de hacer política partidaria, hablar mal de la oposición sobre todo cuando hay que negarle  soluciones territoriales a los barrios con bajo recursos, en tierra y servicios. El debate que no se dio está centrado ahora en los matices que el TSJ quiere trasladar a ese fallo y al que se dictará sin ningún decreto de convocatoria de consulta pública, como una negativa y un portazo.

El TSJ abrió el año judicial insistiendo en reforzar la independencia judicial. Hasta mencionó a los medios de comunicación donde “La prensa libre posibilita el control social y republicano de los actos de Gobierno” palabras de su actual  presidente Domingo Sesin.

“Explotación minera: Ley Provincial N° 9526.” La Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley Nº 9526 – publicada en el Boletín Oficial el 31.10.2008 – mediante la cual se estableció la prohibición de toda actividad minera metalífera a cielo abierto, el empleo de sustancias contaminantes, tóxicas y peligrosas en los procesos mineros metalíferos, así como la actividad minera de minerales nucleares en todas sus etapas y en todo el territorio de la provincia de Córdoba.

En varias oportunidades denunciaron de inconstitucional a la ley minera N° 9526. La Cámara Minera también había solicitado la suspensión de la ley. Pero en su momento el máximo tribunal integrado por Domingo Juan Sesin, María Esther Cafure de Battistelli, Aída Lucía Tarditti, Luis Enrique Rubio, María de las Mercedes Blanc de Arabel y Carlos Francisco García Allocco, denegó ese pedido . En otro caso “Ricardo Amador contra Provincia” del oficio de la Secretaría de Minería de la Provincia de Córdoba surge que el actor posee “solicitudes de permisos de cateo de minerales de primera y segunda categoría, es decir, no se encuentran otorgados los pedidos de cateo”. Al resultar que el accionante era un mero solicitante de los pedidos de cateo pero no su titular ya que nunca le fueron otorgados por la autoridad de aplicación, no existe legitimidad para cuestionar la norma provincial.

Hoy existe la Ley 10208 (Ley Ambiental provincial) y en su artículo 52 se refiere al impacto ambiental:
Se consideran actividades degradantes o susceptibles de degradar el ambiente: Inc. a) Las que contaminan directa o indirectamente el suelo, agua, aire, flora, fauna, paisaje, y otros componentes tanto naturales como culturales del ecosistema.Inc. b) Las que modifiquen la topografía. Inc. c) Las que alteren o destruyan directa o indirectamente, parcial o totalmente, individuos y poblaciones de la flora y fauna, entre otros.

Pese a haber sido desactivado hace más de 20 años, el yacimiento de uranio situado en el cordón montañoso Los Gigantes a 33 km de Carlos Paz, sigue sin ser remediado hasta el día de la fecha. Hoy existe una negligencia oficial ante la contaminación radiactiva del lago San Roque y su fauna autóctona.

“Existe un complejo uranífero en Los Gigantes totalmente deficiente, que en casos de lluvias o de actividad extraordinaria, contamina el río San Antonio y sus afluentes. Esta contaminación produce alteraciones en la flora, la mortandad de los peces y el impresionante espectáculo de las pezuñas de las vacas totalmente carcomidas por estar en continuo contacto con las aguas contaminantes”. Mediante estas palabras, se expresaba el entonces diputado nacional y actual gobernador, José Manuel de la Sota, ante el daño ambiental causado por la mina de uranio “Schlagintweit” en el Valle de Punilla durante el año 1987, en la revista de Buenos Aires “Siete Días” N° 1086.

Consultado por Página/12 sobre denuncias de contaminación, Hugo Plaza, miembro del secretariado general de la Apcnean, explicó en su momento que en Argentina hubo ocho yacimientos de uranio, sobre el caso de Los Gigantes y reconoció: “Ahí sí hubo problemas y hay un pasivo ambiental que hace falta resolver, es que la empresa no cumplió con lo prometido”.

Hoy la provincia de Mendoza atraviesa el mismo reclamo, intentan derogar la Ley Minera 7722. La Suprema Corte de Mendoza rechazó el pedido a una audiencia pública tras 11 pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras y un pedido masivo, “Jueces: defiendan al pueblo”. En un trabajo publicado por San Rafael TV, muestran el costo oculto del combustible nuclear.

Estas acciones judiciales aplican las estrategias de “las muñecas rusas”, es decir, solucionar de mayor a menor los problemas planteados por los recursos del gobierno. De ahí el acuerdo de base alcanzado en cuanto al problema principal, la constitucionalidad o no de una ley y su convocatoria a consulta. La sentencia, que es en lo que se está ahora, puede aportar muchos matices productivos como llevar a la provincia a profundizar la fractura ambiental y una gran pérdida de potencial turístico. Podríamos decir que ésta es la doctrina construída en esencia por un Tribunal Superior de Justicia.

No obstante, existe un plazo de 48hs. para demostrar la constitucionalidad de la ley y allí van actuar “los ambientalistas” luego de la sentencia.  Vecinxs todxs preocupadxs y hasta ahora los únicos ocupados por el futuro social y ambiental de la provincia. Si es adverso, tratarán de interponer un recurso extraordinario ante la corte suprema de justicia de la Nación, en contra de la sentencia de referencia y en defensa de la constitucionalidad de la ley, ante la fiscalía General y el gobierno, los únicos autorizados para actuar en tal sentido. “Vamos todxs por la defensa de la constitucionalidad de la ley y del agua” así lo expresaron en las redes sociales.

Ésta defensa lleva muchos años de trabajo, ante los avances del capitalismo voraz, existió un Amicus Curiae, presentado en tiempo y forma: palmario para la defensa de la constitucionalidad de la ley y su legitimidad social, desde el punto de vista de la defensa del interés general y el bien común versus los intereses difusos de un sector particular. “En el Parque Nacional Quebrada El Condorito y Reserva Hídrica Provincial Pampa de Achala, respecto de los cuales, los geólogos del uranio han solicitado casi 5000 hectáreas para cateo de uranio; el 80% de las cuales coincide con la reserva hídrica, nuestra fábrica de aguas de la provincia” informa Mirta Antonelli docente e investigadora de la Universidad nacional de Córdoba.

Consultamos con la académica (UNC) y asambleísta Cristina Arnulphi quien reconoce la existencia de más de 120.000 firmas, una movida actual a través de la cual continúa el apoyo popular. Así lo manifestaba Cristina desde la capital cordobesa en un llamado de alerta a las autoridades judiciales y gubernamentales, quienes deben tener  más interés socioambiental.

La lucha contra Monsanto es posible que haya frenado el proceso para derogar la ley 9526, al ser el conflicto ambiental un hecho internacional contra la multinacional semillera, como así también es necesario para el gobierno provincial acomodar primero el ordenamiento territorial, para legalizar el extractivismo junto a un nuevo conflicto que se avecina.

En ese  contexto la pugna entre los intereses de las empresas, la necesidad de creación de trabajo y de ingreso de impuesto por parte de los gobiernos, aumenta la feroz necesidad de consumo masivo de la vida urbana, por sobre la verdadera naturaleza de las cosas, los habitantes de los pueblos del interior y las voces siempre alertas sobre la salud de quienes se debaten el futuro, los niños y niñas afectados/as.

¿Quienes le restan credibilidad a los actores sociales, a sus planteos y reclamos?.

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