Seis meses de la Ley de Bosques

El próximo miércoles 28 de junio, se espera una nueva marcha contra la Reforma de la Ley de Bosque. Una crónica a medio año de lo que ha sido una discusión que viene temblando a Córdoba.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

Era un rumor que recorría alrededor de la Legislatura. Algunos, lo comentaban en broma; otros, en serio. Pero en definitiva: que el Gobierno Provincial habría acordado con las principales entidades rurales para que aceptarán la Reforma de la Ley Provincial de Bosques, como contraprestación al incremento del impuesto inmobiliario rural.

Y es que desde que se inicio la Convertibilidad, la provincia de Córdoba no llamó a los jurys de valuación de parcelas rurales y, por ende, el campo pagaba el impuesto a partir de un valor desactualizado. Hubo un intento de llamarlos por decreto en el año 2002. No solo nunca se los convocó, sino que en el 2005, en plenas elecciones legislativas, el bloque oficialista aprobó su suspensión. Una muestra más del intento de convencimiento al “voto rural”.

Con la quita de retenciones de diciembre de 2015, la provincia dejó de recibir los fondos del campo por coparticipación. Por eso, para el Presupuesto de este año, se decidió actualizar las zonas de aforo (valor de la tierra), computando el punto de referencia de la zona más productiva, acorde a la cotización del dólar. Lo cual viene significando un incremento del 35% al 45% al inmobiliario rural.

Las entidades agropecuarias habrían aceptado no presionar, aunque con mala gana y con criticas públicas, con la promesa de que se aprobara una nueva ley de bosques que permitiera extender la frontera agropecuaria.

En noviembre de 2016, se había aprobado el Presupuesto. Y a comienzos de diciembre, se expuso públicamente el Anteproyecto de Reforma de la Ley de Bosques, que no contiene un mapa propio que dividiera las zonas rojas, amarillas y verdes. Además, engloba también la regulación de especies exóticas. Y define a “bosques” solo a los que tienen “especies arbóreas maduras”, excluyendo al fachinal (vegetación no arbórea), permitiendo así el paso del rolado.

Se había anunciado que sí o sí se tenía que aprobar este proyecto para ese mes. Inmediatamente, comenzaron las primeras reuniones de vecinos, estudiantes, activistas y académicos, preocupados por la noticia, y que sería la antesala de la conformación de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo (CoDeBoNa), la organización que convocó las multitudinarias marchas contra la reforma.

El martes 13 de diciembre, la docena de legisladores de Unión por Córdoba y la Unión Cívica Radical que redactaron el proyecto acordaron con los activistas la creación de una audiencia pública para debatirlo.

Mientras tanto, se presentaba como sacada de la galera un segundo proyecto llamado Ley Agroforestal, calificada como la “hija no reconocida” de la Ley de Bosques. En su Artículo 3, apunta al “Enriquecimiento de las distintas coberturas vegetales con la plantación o siembra de especies forestales de alto valor comercial, nativas o exóticas”. Con lo cual, sería la clave de porqué la Reforma de Ley de Bosques mezcla especies nativas con exóticas. Esta clausura del negocio “madedero” se solventaría con la inyección de subsidios por la Ley Nacional de Inversiones para Bosques Cultivados (Nº 25.080). Para algunos, no hay negocio con el desmonte, sin una ley agroforestal.

El 20 de diciembre, la Legislatura publicó en el Boletín Oficial la convocatoria para la audiencia pública para el día posterior: el 21 de diciembre. Y en Villa de María de Río Seco, una zona norteña donde los desmontes se sirven en bandeja a la hora de hacer negocios. El argumento para hacerlo en ese lejano lugar era por estar más cerca del monte (?) y porque los comerciantes cercanos a la Unicameral pedían que no haya más manifestaciones en la zona porque ahuyentaban a la clientela. Quién presentó el pedido, fue el presidente de la cámara de comercios Horacio Busso, primo hermano del secretario de agricultura, el delasotista Sergio Busso.

La audiencia fue suspendida, a pocas horas de lo programado, por la aceptación rápida de un recurso amparo, por parte de la jueza Cristina Sanmartino de Mercado, quien tuvo que redactar su disposición a mano por un corte de luz en su juzgado. Si la letrada no pedía una lapicera, el Gobierno se habría envalentonado de que el proyecto ya contaba con la participación social requerida.

Al año le quedaba solo un miércoles para aprobar la Ley de Bosques y la Agroforestal. Con la audiencia frustrada, y una inminente movilización para ese día, el bloque de la UCR anunció que no avalaría así como estaba el proyecto. Mientras el gobernador Juan Schiaretti insistía que el no presentó el proyecto, por un lado recibía la presión local de los ruralistas, exigiendole cumplir con parte del pacto. Pero por el otro, el Gobierno Nacional pedía que no haya problemas en Córdoba, debido al fuerte apoyo electoral que le dio nuestra provincia al presidente Mauricio Macri.

El oficialismo inclinó la balanza del lado electoral y anunciaron que no se debatiría para ese año y que iban a ser pacientes. Así, el miércoles 28 de diciembre, el “Cordobazo Ambiental” generó una multitudinaria marcha en pleno centro de la capital cordobesa, con la Legislatura en reticencia.

Con lo cual, la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona -CARTEZ-, se quedó con la sangre en el ojo al ver cómo el Estado les incrementaba el inmobiliario rural y, encima, sin la aprobación de la “Ley de Desmonte/Agroforestal”. No sorprende que que hayan desquitado su bronca a artistas locales en un comunicado público. De ahí, que el portal AgroVoz puso como título “El agro con los tapones de punta contra Doña Jovita y Raly Barrionuevo”.

El primero de marzo de 2017, la CoDeBoNa organizó una segunda marcha, cuya convocatoria duplicó a la anterior. Allí, se exigió el archivo del proyecto de reforma, por considerarla inconstitucional, más la creación de una instancia de participación ciudadana para la actualización del nuevo mapa.

El mes de mayo de este año había sido más que movido. El jueves 11, en una reunión entre comisiones legislativas, se acordó la realización de una Unidad Ejecutora, encargada de emprender la concreción técnica del mapa y el desarrollo de la participación ciudadana; y se aceptó como integrante de la misma a la CoDeBoNa. Sorpresivamente, cuatro días después, el secretario de ambiente, Javier Britch, declaró que no solo no se haría cargo de esa Unidad, a pesar de que la actual ley lo estipula como la autoridad de aplicación, sino que además señalaría mediante una carta que el proceso de revisión “que se desarrolla en la Legislatura puede considerarse como el proceso definitivo” para el armado de la nueva ley. Con lo cual, consideró que la participación ciudadana ya había comenzado con las reuniones entre comisiones.

No sorprende la decisión. Britch debutó en la función pública cuando asumió la flamante Subsecretaría de Cambio Climático como efecto de las trágicas inundaciones de las Sierras Chicas en febrero de 2015. En octubre de ese año, ascendería a secretario con la absorción de la Secretaría de Ambiente a ese departamento. O más bien, al revés. Ya que las funciones que cumplía la subsecretaría se superpusieron con las de la nueva Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. De ahí, que cuando se revisa en su página web, tiene más funciones sobre lo segundo que lo primero. El vaciamiento de la secretaría, incluso lo tenía garantizado con la Reforma que propone el paso de la autoridad de aplicación al Ministerio de Ciencia y Tecnología.

“¡Esto es una estafa! Este proceso no tiene nada de participativo. La CoDeBoNa no va avalar de ninguna manera esta situación y por tal motivo se retira de todo diálogo”, señalaron desde la coordinadora en la última reunión en la Legislatura.

Cuando empezó esto en diciembre de 2016, algunos pensaron que la aprobación de la reforma era inminente. Pululaba en esos tiempos, la impunidad de la traición legislativa cuando la Unicameral aprobó en el 2010 la actual ley de bosques, un texto diferente a lo consensuado en las reuniones de participación.

Pero la Córdoba de 2010 es muy diferente a la Córdoba de 2016. En medio ocurrió la expulsión de Monsanto en Malvinas Argentinas, las inundaciones trágicas de 2015, el juicio a las fumigaciones en Ituzaingó Anexo, una nueva ley provincial de ambiente, masivas participaciones en audiencias públicas y el surgimiento de nuevas luchas ambientales. En todo este combo, permitió el surgimiento de una lucha provincial que se mantiene en intensidad.

El próximo miércoles 28 de junio, a seis meses de la masiva movilización del 28 de diciembre, se espera una nueva marcha en la capital cordobesa, en un Cordobazo Ambiental que no parece dar tregua.