El ataque de la amenaza especuladora
Infantería demolió una de las casas en conflicto en la villa El Bordo a horas de la mañana.
Foto: Gentilza Asamblea El Bordo.
Momento de mucha tensión se vivieron está mañana en villa El Bordo, el barrio ubicado cerca de la intersección Zipoli y Colón. Entre las cinco y las seis de la mañana, efectivos de la Policía de Córdoba e Infantería despojaron a una familia que se encontraba viviendo en una casa pre-fabricada. Los vecinos se aproximaron, pero los efectivos realizaron un cordón a 50 metros de la vivienda, impidiendo el paso. Luego de que la madre y sus hijos fueron sacados de su vivienda, Infantería prosiguió con la destrucción de la casa mediante, según pudo averiguar ECOS Córdoba, “a mazazos”.
Dos semanas atrás, un miércoles 30 de septiembre, luego de que se acabaran las elecciones, se vivió una situación muy parecida, pero el desalojo no se concretó. Se trata de la misma familia amenazada. La madre, a su vez, está embarazada. Otro desalojo frustrado se perpetró en mayo de éste año.
“Vinieron, desalojaron, destruyeron la casa y después se fueron”, relata Martín, vecino del barrio. Además, aseguró que durante el conflicto se pudo observar la presencia de Epifanio Torres, quien asegura ser el dueño de esas tierras. Luego del desalojo, los vecinos realizaron un corte en la intersección Colón-Zipoli.
La asamblea de El Bordo denuncia que detrás también se encuentra la fiscal Jorgelina Gutiez, del Distrito IV Turno 6to., quien habría otorgado la orden de desalojo. “Repudiamos el accionar de la fiscal y nuevamente denunciamos los intereses económicos que están detrás de éste desalojo”, sentenció la asamblea.
En el barrio conviven alrededor de 90 familias, algunas desde hace más de medio siglo, y donde se organiza una cooperativa. Se encuentra pegado a mega-emprendimientos de dos referentes del desarrollismo inmobiliario: GAMA y GNI. Desde mayo, los vecinos aseguran que GAMA envía patotas para inquietarlos. A su vez, mediante una publicación en el diario La Voz del Interior de octubre del año pasado, GNI reveló que iban a proponer, a la Municipalidad de Córdoba, la relocalización las casas para asegurar el emprendimiento de sus departamentos.
Desde hace tiempo que los vecinos mantienen reuniones con la Provincia de Córdoba para realizar el proceso de expropiación en las tierras.
«Nosotros queremos dejar en claro que somos los dueños y poseedores de estos terrenos y que nadie, bajo ningún argumento, nos va a mover de acá porque más allá de los que ellos digan nosotros no somos usurpadores, somos dueños, así que queremos hacer prevalecer nuestros derechos porque somos gente que vive acá hace más de 20, 50, 60 años», declararon los vecinos.
Por un lado, la promesa política de la recuperación de tierras. Y por el otro, la amenaza judicial de concretar el despojo. “La Justicia a veces es así, pero no vamos a estar con los brazos cruzados”, sentenció Martín.