
“Este fallo es en contra de todos los movimientos ambientales”
Vecinos de Mendiolaza exigieron frenar un recurso que avala el avance del mega-countrie El Terrón. Aseguran que la justicia actuó para acallar las luchas ambientales.
Cobertura ECOS Córdoba
Texto: Lea Ross (@LeandroRoss).
Video: @PaulinaGPascale
Esta mañana, vecinos de Mendiolaza presentaron un recurso de casación para rechazar un fallo de la Cámara Octava. Esta última, dejó sin efecto la prohibición de continuar con las obras del mega-countrie El Terrón (veasé Ordenan frenar desmontes en barrio cerrado de Mendiolaza).
“Esto se hace previendo la destrucción del bosque nativo”, sostiene la abogada Andrea Heredia de Olazábal quien asesora a los vecinos de la localidad. “Porque de las pericias efectuadas en el expediente, hay 150 hectáreas de bosque nativo que quedarían destruidas”.
“Este es un fallo contranatura”, sentenció Rafael Chamorro de la Fundación Vertientes Saldán. “Pensamos que éste fallo tiene un único objetivo, que es disciplinar el movimiento social”.
En enero de 2013, la jueza Clara Cordeira, del juzgado Civil y Comercial, había lanzado una medida cautelar para frenar la construcción del emprendimiento del Grupo Tagle. Se trata del desarrollo de barrios privados más una cancha de golf de dieciocho hoyos, la más grande de su tipo. Los vecinos de Mendiolaza sostienen que el emprendimiento se haría por encima de áreas del bosque nativo, reservadas como zona roja según la Ley Provincial de Bosques.
En el mes pasado, la Cámara Octava desestimó lo resuelto por la jueza Cordeira hace un año atrás y ahora los Tagle podrán continuar con las obras. Es por eso que la organización vecinal Los Guardianes del Bosque, integrada entre otros por Mercedes Ruiz y Graciela, presentaron un recurso para frenar esta última decisión de la justicia: “En éste fallo, lo que impone, entre otras cosas, es el pago de los costos a los amparistas”.
“Este es el primer caso de éste tipo; los costos nunca antes caían sobre los amparistas”, continúa Graciela. “Éste fallo es en contra de todos los movimientos ambientalistas”. Para Mercedes, “es una manera de decirle a todos los movimientos ambientales que se callen por el miedo, por el disciplinamiento y por poner honorarios”.
Ya con la presentación reciente realizada en Tribunales I, la Cámara tendría quince días para responder. Si se concede el pedido, el Tribunal Superior de Justicia tendría que intervenir en el asunto y con las obras frenadas. En caso contrario, según la abogada Heredia de Olazábal, se recurriría a un recurso directo al propio tribunal, pero sin efecto de suspenso. “Entonces, (el empresario Sergio) Tagle podría comenzar las tareas de destrucción”.
Finalmente, la abogada sentenció: “Yo creo que el momento de luchar y presionar es este”.
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