La posesión de tierras se criminaliza según quien la haga efectiva

Por Florencia Gordillo. Especial para ECOS Córdoba.

Solares de Icho Cruz es un barrio a 60 km de Córdoba Capital. Su slogan es “Tierra para vivir, tierra para producir” que sintetiza la idea de función social que debe tener la tierra. Hoy, consolidada la toma, hay un barrio armado con 750 posesiones. El único costo de los lotes es la participación social.

Su cooperativa, que nace en el año ’86, es un espacio donde se realizan actividades culturales y también se reúne un grupo de mujeres para tratar la problemática de género. Trabajan con las energías alternativas: elaboran calefones solares, cámaras para tratamiento de líquidos cloacales que transforman el agua de cloaca en agua apta para el riego de huerta y biodigestores para biomasa, que son los vasos que generan gas a través del estiércol de los animales. Pensando en la autoproducción, ya armaron un taller textil y producen su propia miel, entre otros productos, anhelando construir un mercado interno para la zona. Hoy cuenta con un registro de tierras ociosas en Córdoba.

La Cooperativa surge con la intención de asegurar la instalación de los servicios para los vecinos. Cuando hicieron la instalación del agua, se percataron de que muchos de esos terrenos no tenían dueños. Era un loteo vendido en el año 1950, cuyos dueños, en su mayoría de Buenos Aires, habían fallecido o abandonado los terrenos por más de 40 años.

Desde la Cooperativa surgió la propuesta hacia el jefe comunal, José Gava, de hacer un banco de tierras para que, quien no tuviera posibilidades, pudiera acceder a un lote pagando los impuestos. El intendente de Icho Cruz les informó que era una locura por tratarse de una “maniobra ilegal”, pero él si los dispuso a la venta o los “obsequiaba” a cambio de votos.

En el 2011 comienzan a tomar los terrenos de Cuesta Blanca a 4 km de Icho Cruz. La toma se realiza solo en aquellos que no están alambrados, son actos pacíficos a la luz del día y con ánimo de dueños; son los tres elementos que exige el Código Civil para que haya posesión y no usurpación la cual va de la mano con el engaño, la violencia y la clandestinidad. Ellos posesionan, lo mismo que pretenden hacer los empresarios; con la diferencia que estos quieren sacar un rédito económico. Pero a los primeros los criminalizan. A los empresarios les facilitan el acceso a la tierra.

A mediados de abril del 2013, se produjo un desalojo expres sin orden judicial, violencia mediante, por la policía de la Provincia de Córdoba. El barrio estuvo rodeado de policías por tres meses. A altas horas de la madrugada del 28 de abril regresó la policía y con violencia los desalojó y llevó varios detenidos.

Video que registra el desalojo policial en Cuesta Blanca en abril de 2013.

El 29 de ese mes, se movilizaron a la entrada de Icho Cruz cortando la ruta. Organizaron una sentada pacífica frente a la jefatura. Allí tuvo lugar la brutal represión cuyas imágenes dieron vuelta por todos los medios y culminó con 23 detenidos. El fiscal Gustavo Marchetti imputó a 15 manifestantes por “entorpecimiento del transporte”. Los liberan a todos, salvo a Juan Cochrane, presidente de la Cooperativa, que permaneció detenido y trasladado al ciego (calabozo de castigo).

El caso estaba en todos los medios nacionales y provinciales. Pablo Carranza, diputado de Unión por Córdoba, le propuso una reunión al propio Juan Cochrane. Junto con ellos se reunieron Paulo Messori (Director de Escrituración de Viviendas Sociales), Daniel Passerini (Ministro de Desarrollo Social), Carranza y otros dos hombres que Juan no conocía. Les ofrecieron 60 viviendas para las familias de Cuesta Blanca en cualquier barrio-ciudad que eligieran a costa de que abandonaran el lugar, pero eso no podría ser publicitado. La propuesta no tuvo lugar.

En sus terrenos se quedan dos tipos de personas: las que tienen necesidad y por convicción ideológica. Cada uno tiene su vida privada pero siempre mirando a los costados para pensar a los compañeros. Quieren vivienda social, pero eso no es sinónimo de miseria, marginalidad o hacinamiento. Los terrenos no son gratis, el valor es la construcción social.

Hoy continúan los allanamientos ilegales. A comienzos de este año, allanaron a 17 familias, inclusive llevaron a una persona detenida que solicitó un certificado para presentar al trabajo y se lo negaron; no hay registros de que haya estado detenido. Hubo otros dos detenidos, uno durante siete y el otro durante nueve días, por denuncias de usurpación, de los cuales a uno le mantienen el auto secuestrado por ser instrumento para cometer el delito.

También continúan las trabas políticas a su construcción. El terreno de la Cooperativa fue comprado al SEP (Sindicato de Empleados Públicos) en el año ’94 y desde aquel momento vienen exigiendo escriturar. La escritura comenzó a armarse este año; les cobraban $8600 por un terreno que valía $1500. Dejaron correr los días y, al no tener novedades, consultaron con la escribana que les informó que había recibido órdenes del SEP de no avanzar con la escritura, pese a que desde la Cooperativa hubieran presentado toda la documentación en regla. Juan se reunió a hablar con José Pihén, secretario general del SEP, quien le informa que del gobierno de la provincia le bajaron la orden de no escriturar.

Por estos días, Juan Cochrane planea presentar una querella por detención ilegal y malos tratos por los 22 días que estuvo detenido el año pasado. A principio de junio, el Juez de Control de Carlos Paz, Daniel Strasorier, sobreseyó a los 15 manifestantes imputados también durante la jornada teñida por la represión policial, por tratarse de una sentada pacífica en la vía pública que no generó ni daño ni peligro a terceros y no encuadra en el marco de una acción penal.

Dicha resolución se convirtió en una herramienta para preservar el derecho a protesta, como expresión de la democracia, en tiempos donde el Gobierno de Córdoba criminaliza y reprime a manifestantes.

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