#ExplosiónEnCórdoba: El temor al olvido
Otra trágica explosión envuelve a los cordobeses en un hecho de desidia política y exceso empresarial. Múltiples víctimas de una habilitación calamitosa, presos del miedo y ahora de una “lenta” atención al damnificado.
Cobertura ECOS Córdoba
Por Melina Dassano | @MeliDassano
Nota Audio: Florencia Gordillo
Las gestiones políticas y las ciudades parecen cambiar a través de las publicidades. En cada pasaje de barrio, emerge una denuncia y en los tribunales se acumulan expedientes civiles y penales. A una semana de las explosiones de la Química Industrial Raponi, la asistencia a los damnificados resultó un simulacro en el medio de una catástrofe. A la espera de una indemnización que cubra las pérdidas materiales, los despidos laborales y el temor, se construye el escenario de la tragedia de las explosiones del 6 de noviembre último, en Alta Córdoba.
Pasaron 19 años de las explosiones de la Fábrica Militar Río Tercero. Pasaron funcionarios, pericias, querellantes, prescribieron juicios, elevaron a juicio, aún sin sentencia y sin resolver las indemnizaciones de 10.000 damnificados. En el medio, más explosiones. Pasó Río Cuarto, Central Termoeléctrica Pilar, inundaciones, incendios, huracán. Hoy, más de 50 familias y un resultado de más 10 comercios afectados, con 7 heridos y una persona fallecida por múltiple traumatismo, es el promedio de los que esperan justicia.
A partir de la explosión, vino la prueba de que esto podía haberse prevenido. Según datos de La Voz del Interior, se cerraron 24 negocios de diversos rubros, por falencias en seguridad, higiene y documentación habilitante.
“Nosotros estamos en apoyo a los vecinos y comerciantes que han perdido todo. Me emociono porque hay que vivirlo”, menciona Ana, una vecina de Alta Córdoba, que también como damnificada sale a la calle a buscar una respuesta. “Son 10 familias que quedaron en la calle sin trabajo por el cierre de comercios”. Y menciona otras 15 familias que no pudieron habilitar su comercio por falta de infraestructura. Otros 9 empleados fueron despedidos de un taller de chapa y pintura. En el caso de Ana, relevaron su propiedad con la promesa de tomar medidas de aberturas dañadas y hasta la semana pasada no habían regresado. “Llevo gastada tantas cintas y nylon porque sale el sol y tengo que volver a pegarlo de nuevo cuando amenaza tormenta”. Los problemas que cuenta a nivel familiar es que tiene dos nietos que no se pueden recuperar del estruendo.
Audio testimonial de Ana (Vecina damnificada) y Norma (Comerciante damnificada) >>
Es que en el año 1998, recorrimos el barrio Fábrica, de Río Tercero, y encontramos una familia cuyo niño, a la edad de cinco años, no hablaba y tenía enuresis diurna. Cuando le preguntamos la razón, no supo su madre que le había sucedido. Habían pensado llevarlo por ese entonces al médico, debido a que no había ingresado a edad escolar por ésta dificultad. El pequeño tenía meses cuando lo agarró, a pocas cuadras, la explosión de aquél polvorín y aún no había sido asistido por ninguna autoridad pública.
Si bien aquí en la capital cordobesa el problema desde su origen resulta diferente, no es menor el impacto psicológico. Norma, de la calle Góngora, refleja en su rostro una profunda preocupación, en la cuadra quedaron solo tres negocios, el resto cerraron. Su librería le da de comer a toda su familia y no la pueden habilitar. “Es la tercera vez que vengo a ver por los vidrios y ahora me dicen que hasta que la provincia y la municipalidad no pague, ellos no hacen más arreglos, a menos que lo paguemos nosotros”, nos cuenta Norma apenada. Y tal es así que se nos acerca otra vecina y no comenta que acababa de reponer los vidrios de su bolsillo, en su caso tenía una buena jubilación, que no justifica la desidia.
¿Incertidumbre y Rumores?
– «Que el gobierno Nacional se haga cargo de nosotros, quien se hace cargo -gritaba una mujer vecina del lugar, mientras otros buscaban la calma».
– «Nadie nos dicen cuando va a llegar la ayuda -a viva voz se quejaba otra mujer-, entre una gran discusión que se debatía entre quienes eran cómplices políticos del problema y permanecían sin asistir a todxs».
– «Están arreglando de afuera hacia adentro, la gente que está más afectada sigue esperando – respondía otro vecino».
– «Nos hicieron firmar un cheque de 1.000 pesos como ayuda para mi hijo deportista y resultó ser como parte del subsidio», nos cuenta conmocionada otra vecina, quien tiene una hija discapacitada y no cobra subsidio del Estado.
– A un tal José, el viceintendente Marcelo Cossar le pidió que ‘deje de hacer show y que active’. El hombre que fue maltratado por el funcionario, en momentos tan delicados, sobrelleva la enfermedad de su hija con Piel de Cristal.
– “Conmigo fueron amables, igual aún no se si voy a recuperar mis muebles y aberturas, solo pido lo que corresponde y nada más”, replica otra mujer con la mirada perdida.
– “Dicen que estaban operando en tierras fiscales y encima existía una cocina de drogas», nos murmuraba en el oído otra mujer para que investiguemos.
– «Acá había de todo», nos dice por lo bajo un oficial de seguridad.
Audio testimonial de las denuncias, reclamos y vivencias de vecinxs autoconvocadxs por las explosiones en Alta Córdoba. «Rechazamos el crédito porque no ocasionamos ningún daño» >>
La falta de asistencia abundan en Córdoba, así se puede leer en un jardín céntrico de enseñanza pre-escolar de la capital cordobesa, donde solicitan la ayuda de los padres para arreglar la infraestructura del establecimiento. Otros alumnos de escuelas públicas, son los mismos que cortan las calles para que pongan en condiciones las instalaciones edilicias y cada vez se hace más larga la lista de espera. Si la prioridad no está en la educación y en las zonas de desastres. ¿Dónde está?
José Luis, damnificado de las explosiones, denunció en una manifestación pública la falta de asistencia. En diálogo con ECOS Córdoba, nos comunicó su situación.
ECOS Córdoba- Están autoconvocadosé en Alta Córdoba después de las explosiones. ¿Cuál es la cuestión que no quieren reunirse en el Club Municipal?
JL- Porque se puede meter un montón de gente de la municipalidad.
EC- ¿Qué pasa con el presidente del Centro Vecinal, Juan Romero?
JL- Esta mañana salió a decir por la tele que era mentira que no se estaba moviendo la gente y que se estaban moviendo y que estaban reparando las cosas y son mentiras. Algunos vidriecitos están poniendo y no de la calidad que tienen que ir de los mismos que estaban.
EC- Nos acaban de comunicar recién de que se han puesto sus propios vidrios. ¿Cómo es el relevamiento que está haciendo el municipio al final?
JL- Ellos dan la opción a que cada uno ponga su dinero, paguen sus daños y después que vengan a la carpa del CPC en Avellaneda, para presentarle la boleta con fotocopia del documento y que supuestamente se lo van a reintegrar. ¿Cuándo? No saben. Entonces no es así.
EC- ¿Créditos o subsidios?
JL- Se habló de un crédito sin intereses. Pero no nos sirve porque vamos a tener que sacar nosotros ese préstamo, con recibo de sueldo de otro. ¿De dónde lo vamos a sacar? Estamos solucionando el problema con nuestra plata a ellos.
EC- ¿Ustedes tienen que resarcirse a sí mismo?
JL- Por supuesto, es lo que quieren ellos.
EC- ¿Conocen algún caso en Argentina, donde el gobierno haya salido a dar créditos?
JL- Desconozco. A mi, como yo ando tirando la bronca, me muevo, a mi me vinieron como para hacernos callar la bronca a más de uno a darnos un subsidio económico. ¿De cuánto? De dos monedas y a mi no me sirven, “dos monedas”.
EC- ¿Le han evaluado los daños materiales en la casa?
JL- No.
Audio de la entrevista a José Luis, vecino damnificado d ela explosión de Alta Córdoba >>
¿Quién podrá ayudarnos?
Pese al intento de ayuda al damnificado por parte de la Provincia y el Municipio, los vecinxs rechazan la propuesta de créditos y piden subsidios para reparar un daño de tercero, del cual el gobierno no efectuó el control correspondiente.
El barrio fue declarado por el intendente Ramón Mestre a partir de la tragedia, como “zona de desastre” , basado en el Fondo Permanente de Asistencia para Situaciones de Infortunio, Catástrofe o Grave Peligro Público y solo por este mes. Rige actualmente la Ley Nacional (Ley 24.959) cuyo Artículo 1°- Ratifícase la declaración de zona de desastre realizada por el Poder Ejecutivo Nacional que comprende las provincias y/o regiones afectadas por inundaciones. A tal efecto se aplicará en todo lo pertinente las disposiciones de la Ley 22.913, ampliando su alcance a las actividades industriales, comerciales, agropecuarias, forestales, pesqueras y de servicios. Quedan comprendidas en la presente ley aquellas provincias y/o regiones que el Poder Ejecutivo Nacional pudiera declarar como zona de desastre.
En su artículo 8, se establece lo siguiente: “Serán funciones del Fondo otorgar subsidios y créditos para la población afectada por las inundaciones, inclemencias climáticas y desastres naturales tomando en consideración las pautas y montos siguientes: (…)
b) Noventa y tres millones setecientos cincuenta mil pesos ($ 93.750.000) en concepto de subsidios familiares no reintegrables destinados a familias cuya vivienda haya sido destruida, fuertemente deteriorada o deban reubicarse a causa de las inundaciones, no pudiendo percibir cada una de ellas un monto superior a los cinco mil pesos ($ 5.000);”
Así, se le pidió al mismo gobierno la extensión del pago de impuestos inmobiliarios tal cual rige en la ordenanza municipal Nro. 227 inciso 7; pedir por la indemnización de los daños sufridos por los vecinos . Está de más aclarar el pedido de justicia ante 66 heridos, una mujer fallecida (María Angélica Cueto) y el joven Pablo Amaya de 15 años, hoy atravesando una meningitis producto de una infección. Más de 30 viviendas dañadas según los datos oficiales, entre comercios, automóviles y, lo que nadie habla, la liberación de gases químicos en zona urbana. Tal vez Ambiente de la provincia y la municipalidad, han tomado algún tipo de medida. ¿O no?
Quién se hará cargo de la tragedia. Será como preguntar quienes son los responsables. La empresa estaba con una habilitación para químicos no inflamables, tenía el permiso 5.981 de Bomberos de la Policía de la Provincia desde diciembre de 2012, por cuatro años, y habilitación 725/371001 del Registro Industrial de la Provincia en mayo de este 2014, según informa el diario Día a Día. Por su parte, la Justicia, a través de Eve Flores, cambió la imputación de Sergio Raponi, dueño de la empresa, a “estrago doloso calificado”. Y el responsable de asesorar a la Química Raponi, Javier Lagares, quedó en libertad bajo fianza luego de pagar una importante cifra de 200 mil pesos.
Existe la injusticia, como un temor al olvido inmemorable, como una muralla de los fuertes históricos, por temor a la muerte y porque la muerte ya ha dejado de ser un episodio natural.
“Se quedó paralizado recordando lo vivido, porque él muy bien sabía que el olvido llegaría”. – Pablo Bihary
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