Ahora, el fiscal anticorrupción se arrepiente y no imputará a Arzani por abuso de autoridad
El fiscal Anticorrupción de Córdoba, Gustavo Hidalgo, solicitó que se archive y desestime la denuncia contra Daniel Arzani (intendente de Malvinas Argentinas), integrantes del Concejo Deliberante de dicha localidad y ministros provinciales.
Hidalgo rechazó la denuncia ya que supuestamente los hechos contenidos «carecen de entidad penal suficiente a los fines de iniciar la investigación jurisdiccional».
En cuanto al accionar del intendente Daniel Arzani y el Concejo Deliberante, el fiscal consideró que «ambos obraron dentro de las facultades que le son propias, y de acuerdo al Código Urbanístico de dicha localidad».
Lo curioso aquí es que cuando se presentó la denuncia, el fiscal Anticorrupción confirmó la posibilidad de la imputación ya que entendía que los hechos encuadraban a prima fascie (a primera vista) en los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Sin embargo, y a pesar de que en su momento consideró que en una semana se haría pública su resolución sobre las imputaciones formales, el letrado tardó dos meses para finalmente rechazar la denuncia formulada por el abogado Rubén Arroyo, el legislador juecista Santiago Clavijo y la legisladora Graciela Sánchez.
La presentación penal planteaba que los acusados incurrieron en el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público al otorgar pre factibilidad a la radicación y autorizar el inicio de las tareas preliminares a la construcción de la planta antes de que la firma hubiera completado los requisitos que fija la Ley General del Ambiente 25.675.
Concretamente, la denuncia sostiene que ambas habilitaciones provisorias se concedieron sin que Monsanto cumpliera aún con el procedimiento previo de evaluación de impacto ambiental (artículo 11 de dicha ley), sin que se hubieran institucionalizado los procedimientos obligatorios de consulta o audiencia pública (artículo 20), y sin haber asegurado la participación ciudadana en el procedimiento de evaluación de impacto y, en particular, en las etapas de planificación y evaluación de resultados (artículo 21).
La denuncia se había presentado en contra del intendente municipal Daniel Arzani, y los concejales José Antonio Blanco, Elsa Gladys Martinez, Emilio Ferrero, María Sandra Ferreyra, Ricardo Daniel Guzman, Martha Inés Castro.
También solicitaron que se investigue las eventuales responsabilidades en que pudieron incurrir funcionarios del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como el Ministro de Industria Comercio y Trabajo, Jorge Lawson, el Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Néstor Scalerandi, y del titular del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, Manuel F. Calvo.
A principios de octubre, el legislador Clavijo manifestaba a ECOS Córdoba la situación en la que se encontraba la denuncia: