Córdoba en la nueva encrucijada minera

El gobernador Juan Schiaretti adhirió a su provincia al Nuevo Acuerdo Federal Minero. Con esto, se promete mayores resguardos ambientales. Mientras existe un looby minero local para que se instale la minería a cielo abierto en nuestra provincia.

Juan Schiaretti en el momento de firmar el Nuevo Acuerdo Federal Minero.

Por Lea Ross | @LeandroRoss

El martes pasado, en la Casa Rosada, gobernadores y representantes de distintas provincias firmaron junto con el presidente Mauricio Macri un Nuevo Acuerdo Federal Minero. Se trata de una actualización al pacto que se había iniciado en los años noventa, para que las distintas jurisdicciones provinciales avalen la entrada de la minería a cielo abierto a la Argentina, mediante un marco impositivo beneficioso para las empresas. “Estamos hablando de un recurso que pone a la Argentina entre los seis países más importante del mundo: en la provisión futura de recursos mineros”, sentenció el mandatario nacional, luego de proceder las respectivas firmas.

El acuerdo apunta a toda forma de actividad minera, sea por extracción de minerales metalíferas como no metalífera.

El documento comienza con una serie de puntos exigentes a los proyectos mineros en materia del cuidado ambiental. A su vez, impone un tope de regalías provinciales equivalentes a un 3% de la facturación de cada proyecto. El acuerdo fue firmado por 16 provincias, incluyendo la del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti.

A diferencia de la actual, el acuerdo anterior, firmado en 1993, contaba con el apoyo de todas las provincias. No fue este caso. El gobernador Mario Das Neves de Chubut, por ejemplo, había anunciado con antelación su rechazo al nuevo acuerdo por considerar los peligros ambientales que genera la práctica minera a cielo abierto.

Para el presidente Macri: “El cuidado del medio ambiente es central, porque estamos acá para terminar años de improvisación. Donde la falta de control y la falta de transparencia que se manejaron algunas de las concesiones mineras, le sacó autoridad a la posibilidad de desarrollar un tema tan central como importante para todos los argentinos”, señalaba el presidente Macri, en referencia al proyecto Veladero, de la empresa Barrick Gold, que fue la responsable del derramamiento de solución cianurada en el agua del pueblo sanjuanino de Jáchal.

El abogado Enrique Viale, referente en las luchas socioambientales, apuntaba lo siguiente al presente cronista: “Estamos hablando de una actividad que no es sustentable. Por más buena voluntad que se le ponga, la actividad en sí misma es altamente contaminante para el ambiente, debido a sus características propias: por el uso de agua, por el territorio donde se trabaja, y por la utilización de químicos y explosivos. No hay forma de hacerla sustentable. Todo lo demás puede ser edulcorado, con un lenguaje que pretende convencer a las poblaciones que va haber un cuidado ambiental. Pero nada de lo que se dijo se cumplió. Entonces, hay toda una situación creada especialmente para la actividad y después hay mucho lenguaje que se pinta de verde, pero que no lo tiene como tal”.

Audio: Entrevista a Enrique Viale en el programa Enedando las Mañanas (RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos) (15/06/2017) >>

Desde la presidencia, se señala que se impulsara la participación ciudadana para que cada provincia decida si quiere o no que se practiquen determinadas actividades mineras: “Ellos decidirán quiénes quieran desarrollar la minería y quienes no. Y frente a tantos miedos y sospechas, esto le permite a la gente gane confianza y que sepa que todos queremos lo mismo: reducir la pobreza, generar empleo, pero no a costa de nada. No sacrificando la calidad de vida de nuestros hijos y nuestros nietos, no poniendo en peligro el planeta”.

Hay que aclarar que la firma de Schiaretti al Acuerdo no significa su apoyo para que se practique la megaminería en su provincia. Aunque sus promesas para asegurar un cuidado ambiental para esta actividad deja mucho que desear.

En la provincia de Córdoba, no se puede ejercer la actividad megaminera desde el año 2008 por la promulgación de la Ley Nº 9.526. Allí, se prohíbe la minería con modalidad a cielo abierto, la extracción de minerales radiactivos como uranio y torio, y la utilización de determinadas sustancias peligrosas como cianuro, ácido sulfúrico, bromuro de sodio, entre otros, que se utilizan para separar el mineral de las rocas.

Desde entonces, el looby minero cordobés -capitaneado por la Cámara Empresaria Minera de Córdoba (Cemincor) y la Asociación de Profesionales de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Actividad Nuclear (APCNEAN)- vienen insistiendo en la inconstitucional de la ley.

Luego de distintas instancias, en el año 2015, el Tribunal Superior de Justicia, la máxima autoridad judicial de Córdoba, rechazó los pedidos de los mineros y ratificó la constitucional de la “ley antiminera”. No solo eso, sino que en su fallo señala, entre sus conclusiones, que “existe consenso en la literatura respecto a que ninguna actividad industrial es tan agresiva al ambiente como la minería metalífera a cielo abierto. Se trata de actividades con huellas ambientales de relevancia durante muchos años”.

“Los efluentes industriales altamente contaminantes quedan depositados en grandes embalses que corren peligro permanente de filtraciones”, apuntan los jueces, quienes sostienen que “la cantidad de accidentes de los que da cuenta la historia de la minería, constituye una de las razones por las cuales el Parlamento de la Unión Europea propulsó la prohibición de este método minero en su Resolución del 05 de mayo de 2014”.

Finalmente, el Alto Cuerpo remarcó el antecedente del proyecto Schlagintweit, para extraer uranio en el yacimiento Los Gigantes, mediante ácido sulfúrico: “Conforme los antecedentes incorporados al expediente, (…) la Dirección de Hidráulica de la Provincia constató la existencia de una grave contaminación de aguas y del medio ambiente provocada por las descargas no autorizadas a la empresa Sánchez Granel Ingeniería S.A. de los efluentes arrojados por el complejo minero a los ríos El Cajón y Cambuche”.

También, el fallo transcribe un informe de 2003 de la Comisión Técnica Interdisciplinaria de Ambiente, donde se señala que “El aumento del nivel del dique principal, como consecuencia del aporte de agua por precipitaciones y drenaje superficial, aparece como de alto riesgo. Existe contaminación de los cursos de agua por infiltraciones desde diques 0, 1, 2, 3 y principal; por lavado de colas de mineral y desde la cantera”.

Finalmente, el fallo señala que el yacimiento Los Gigantes “se halla dentro de los límites de la Reserva Hídrica Provincial de Achala con lo cual es de aplicación la Ley Provincial de Áreas Naturales N° 6.964 tal como da cuenta el informe de Auditoría de Cierre de la Mina Schlagintweit”.

Mientras Schiaretti puso su firma con la promesa de que desde su provincia se garantizaría los cuidados ambientales en materia minera, la Secretaría de Ambiente de Córdoba permanece en vilo luego de que un recurso de amparo de organizaciones, frenara una audiencia pública para discutir el proyecto minero Nácar, para extraer cuarzo y feldespato, que se iba a realizar este mes. Pretendete instalarse también en Los Gigantes.

Su Estudio de Impacto Ambiental tiene solo 24 páginas: al presente cronista le llevó medio viaje de colectivo por la ciudad para leerlo. En ningún momento menciona que se realiza sobre la Reserva Hídrica Achala.

La fecha de elaboración del estudio: año 2005.

Y aún así, la gestión ambiental de Schiaretti permitió que se discuta.