Denuncia penal contra Mestre por vulnerar reclamos sociales

Integrantes de Organizaciones Sociales  junto  a vecinxs de barrio San Antonio e Inaudi de la ciudad de Córdoba, denunciaron penalmente al intendente Mestre y autoridades policiales provinciales ante el maltrato sufrido el pasado 30 de abril.

Imagen de Asamblea VUDAS

Por Melina Dassano | @MeliDassano

Estas denuncias han sido oficializadas el 16 de junio ante la justicia penal de Córdoba, previo acto de reclamos realizadas ante defensores de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo. La lucha que lleva adelante la asamblea VUDAS viene alertando sobre el peligro que sufren a diario con la fábrica de combustible de bioetanol Porta Hnos. la que cuenta con una supuesta habilitación.

“Nosotros los Denunciantes y todos los vecinos de las inmediaciones de la Fábrica Porta, somos -como decía el Juez norteamericano Brennan- personas que no tenemos fácil acceso a la palabra en la televisión y la radio y tampoco tenemos capacidad económica para expresarnos en la Prensa. Hicimos todas las gestiones administrativas para hablar y expresar nuestros reclamos ante el Poder Público. No fuimos recibidos, atendidos, ni oídos. Tuvimos que poner carpas y encadenarnos para visibilizar nuestro pedido de diálogo y atención” así lo expresaron en la denuncia.

Las respuesta entregada a los vecinxs el pasado 11 de mayo, luego de una posterior reunión en Barrio Villa El Libertador, (donde el intendente Ramón Javier Mestre marcó la agenda), para no opacar su “trabajo” en los barrios y descentralizar los reclamos en el municipio, no trajo satisfacciones a los otros barrios afectados. Claro es que después de tres años, con enfermos graves y muertos que revolucionan las luchas ambientales siempre desde el dolor, los funcionarios solo se hicieron cargo de realizar posibles estudios en las inmediaciones del barrio. Se notó el poco interés de responder de una manera oportuna y efectiva a las vulneraciones sistemáticas a derechos fundamentales que viene cometiendo la administración de la gestión Mestre y por su actuación mediática la secretaria del INADI de Córdoba, Adriana Domínguez.

Las declaraciones dadas a los medios de comunicación por parte de estos vecinxs de Córdoba, demuestran que hay un sistema concebido de varios gobiernos y la propia policía, para cometer represiones a personas que se encuentran reclamando en las calles de la ciudad, como la última alternativa de protesta ante el portazo del Estado. Así en el día del trabajador, autoridades policiales actuaron en consecuencia siendo el comisario Gómez quien ordenó que “nadie, ni nada puede entrar o salir del lugar”, privando a mujeres y hombres de su libertad, según los detallan los vecinos en la denuncia.

De esta manera “bajo las órdenes del comisario Jorge Sergio Gómez, nos prohibieron el uso del baño, el ingreso de alimentos, agua, medicamentos, atención médica y la comunicación con el exterior”, así lo destacan como un hecho grave y poco visto en el actuar de un gobierno democrático. (Ver “Como en la Dictadura”)

El proceder de la policía, (según responsabilidad denunciada por la misma fuerza), señala que fue el intendente Ramón Javier Mestre quien dio la orden de violar los derechos básicos a los manifestantes, en un edificio público y como modo de hostigamiento para provocar un auto desalojo.

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