El «conflicto» no es el problema

A  casi dos años del anuncio  de la  instalación  de Monsanto  y a siete meses del acampe que bloqueó la construcción de la planta, el problema de Malvinas Argentinas profundizó la crisis política y socioambiental en Córdoba.

Por Débora Padilla y Melina Dassano
Edición audio: @JavitoenRed
Video: Débora Padilla

Detrás de perseverantes manifestaciones en la vía pública, lxs ciudadanxs devenidxs en “ambientalistas” buscan, desde hace un año, declarar la Emergencia Ambiental en la provincia e insisten en marcar un hecho histórico ante la recurrente crisis hídrica, fumigaciones, incendios, deforestación entre una larga lista de delitos ambientales. Consecuencia que atribuyen a la ausencia de los gobiernos y a un grave problema, la falta de cumplimiento de las leyes existentes para poder hablar de pleno derecho sobre convivencia ambiental.

Cada vez más vecinxs organizadxs en distintos sectores de la región coinciden en denunciar grandes negociados de los gobiernos con empresas privadas y un abuso de autoridad en las gestiones públicas; es así como hoy tenemos a funcionarios y empresarios judicializados por hechos de corrupción, donde la avaricia política y económica los acomoda como los protagonistas de la desigualdad social de nuestros tiempos.

Por su parte, los partidos políticos oficiales, medios masivos y empresarios utilizan los conflictos a su favor, realizando campañas de promesas ya incumplidas. No conformes de subestimar a la “minoría” que reclama ante algún problema, recurren a callar al pueblo, lo reprimen, lo persiguen, son lxs mismxs que compran a la justicia, a los medios y hasta a los funcionarixs opositores. Cuando ven amenazados sus intereses, prueban crear “nuevas estrategias” que sólo llegan a materializar en los discursos, no sin antes marcar “tendencia política” en implementar urgentes encuestas, cambios de gabinete y creación de nuevas leyes, en el intento de desviar el problema para tan sólo atender el conflicto.

Juan Domingo Perón escribió: “El Movimiento Peronista tiene ya una tradición doctrinaria y los peronistas cuando delinquen contra los principios lo hacen a sabiendas y no por equivocación ni malentendido”.

El conflicto social versus el problema socioambiental

Los intereses del modelo desarrollista para con el agronegocio son cada vez mayores, mientras más se promueva el avance del modelo agroexportador. Ya lo dijo Randazzo en el 2009, «si le va mal al campo, le va mal al país». Así el campo -por ejemplo- cuando pasa por inundaciones o sequías, suele paralizar gran parte de la construcción inmobiliaria. Con respecto al impacto de la sequía Raúl Gutiérrez – comentó para el diario El Puntal-, que para este año hay una considerable cantidad de edificaciones e inversiones programadas. «La sequía no ha llegado a afectar el inicio de nuevos proyectos y el desarrollo de nuevos emprendimientos», aseguró el agente inmobiliario. Menos aún existe un freno para el negocio paralelo que mantienen funcionarios públicos, donde su patrimonio crece rentado por la especulación inmobiliaria. Dicen las buenas lenguas cuando veas mucha gente en un restaurante, “ahí se come bien”.

Sólo en la actividad agrícola en la campaña 2012/2013, se contabilizaron aproximadamente siete millones de hectáreas sembradas, con un incremento sostenido del cultivo de soja, duplicando los niveles de 12 años atrás. Al mismo tiempo las regalías agrícolas se canalizaron, principalmente, en la inversión inmobiliaria donde la actividad registra uno de los índices de mayor crecimiento en los últimos años en la construcción de edificios, barrios privados y megaemprendimientos.

Es así como el problema socioambiental atraviesa a distintos sectores sociales. En los últimos años fueron emergiendo diversos conflictos, en la medida que este sector ha logrado mayor expansión en su “frontera productiva”. El caso Monsanto es el hecho social que, a la par del narcotráfico, ha logrado desnudar acciones políticas y judiciales, al exhibir una grave ceguera ambiental en la provincia. Así lo demuestra la destrucción del bosque nativo que de 12 millones de hectáreas a principio de siglo XX, en la actualidad sólo queda un 5% – según informe del biólogo Fernando Barri. Siendo esta la tasa más alta del país en deforestación desde la sojización del campo, provocando el “mal del agro”: la desertificación.

Los datos son alarmantes, a lo anterior se suma que en los últimos diez años se incendiaron más de 1.900.000 hectáreas y ya son más de 300 mil hectáreas afectadas por inundaciones; a su vez se gestionaron cientos de basurales a cielo abierto, sin control ni tratamiento; quintuplicaron el uso de agrotóxicos en los campos y zonas periurbanas. Gran parte de los efectos de ésta situación generaron contaminación y vaciamiento de las reservas de agua, provocando graves sequías -que no fueron subsidiadas por Estado- en la población donde se llegó a padecer crisis hídricas históricas.

Muchas de éstas fuentes de agua provenientes de cuencas hídricas, que quedaron desprotegidas frente al desarrollo inmobiliario por no ser consideradas reservas comunitarias. ¿Si existe tanta tecnología en el país, por qué más de 2.000 habitantes de un lugar pueden haber pasado estos últimos 20 años sin agua? ¿Por qué empresas locales y extranjeras están libres de impuestos, se llevan bienes no renovables y cuentan con agua potable para su producción?

Todos estos problemas que profundizan el conflicto los traen las “malas prácticas” presentes. Un ejemplo del abuso indiscriminado de tóxicos en los campos fue el caso de 7 mil kilos de tomates contaminados con endosulfán en Río Cuarto. ¿Cuánto tiempo estuvimos comiendo tomates envenenados con endosulfán? ¿Qué diferencia hay con los otros químicos?. Lo dudoso es que una vez comprobada su toxicidad recién se sacó de la venta un año después. ¿Tal vez había que vender todo el stock para no desestabilizar el negocio agrícola, evitando exponer a quienes permitieron y cometieron semejante delito?

Esta situación de irregularidades sobre los territorios, tiene un fuerte impacto ambiental en las comunidades. En la provincia de Córdoba se aplican más de 50 millones de litros de glifosato al año. Sólo como un ejemplo de esto, en la ciudad de Hernando se reveló que en los últimos diez años, los casos de cáncer aumentaron un 258%,  asociados al aumento de fumigaciones en la zona. Por otro lado, los focos de toxicidad e infección como el vertedero de basura de Bower generaron en la última década, a la población de sus  alrededores , tasas de mortalidad infantil y perinatal que duplican los índices medios provinciales.

Como otro impacto de éste modelo de sojización se generan desalojos. La gravedad del despojo de las tierras en la provincia de Córdoba alcanza dimensiones que preocupan desde finales de los años 80, donde disminuyeron en un 36% la cantidad de explotaciones agropecuarias familiares a costa de desalojar a campesinos. A nivel urbano, desde 1999 se construyeron 36 barrios-ciudades con 7157 viviendas, seguidas de una sucesión de desalojos en barrios marginales, desde el centro de la ciudad de Córdoba hacia las periferias con el falso argumento de la vivienda digna, siendo el real objetivo la recuperación de terrenos valiosos destinados a la especulación inmobiliaria.

La falta de cumplimiento con la ley y un ordenamiento territorial que controle la frontera agrícola y urbana, generan un círculo vicioso de negocios clandestinos que provocan conflictos sociales y judiciales que revelan una clara violación a los derechos humanos. Así, el gobierno que reclama hoy por una convivencia ambiental por la que pretende decretar una nueva ley en Córdoba, es el mismo que quiere legalizar lo prohibido.

“Agotadas las vías administrativas”

El conflicto en Malvinas Argentinas dio cuenta, aún más, no sólo de la falta de planificación en política ambiental sino también de las irregularidades en los procesos de autorización de emprendimientos en varios estamentos gubernamentales y jurídicos.

En el caso de Monsanto se pudo comprobar cómo el gobierno nacional, provincial, municipal y hasta el propio poder judicial pasaron por encima de la Ley nacional del ambiente 25.675. La gran irregularidad esta en el otorgamiento del permiso de construcción de la obra civil de la planta seleccionadora de semillas, dentro de la normativa que rige el territorio nacional y que estipula que las provincias deben aprobar la evaluación de impacto ambiental y realizar espacios para la participación pública previa. Como requisito de legalidad y razonabilidad de cualquier acto administrativo, todo aquello que no cumpla con una cláusula carece de causa. o sea es un emprendimiento clandestino.

Así se reconoce en su origen y fundamento la habilitación ilegal por medio de la Resolución Nº 595/2012 aprobada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia. De igual modo se incumplió la propia Ley provincial 7343, en su decreto reglamentario 2131/00 referido a la previa evaluación de impacto ambiental. Luego el municipio de Malvinas Argentinas por intermedio del Concejo Deliberante sanciona la Ordenanza Nº 821/2013 por la que otorga a la multinacional, el permiso de obra correspondiente violando la  ley provincial de uso de suelo N° 9.841 – a la que el municipio adhiere desde marzo de 2012 -mediante ordenanza 714- donde se permite solo la actividad agrícola no contaminante.

En relación al desempeño de la justicia, lxs vecinxs de Malvinas presentaron un amparo, el cual en un principio salió a favor del intendente Daniel Arzani y, por lo tanto, de Monsanto. En ese entonces uno de los que dictaminó el fallo fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Carlos García Allocco, al que se le comprobó que -a partir del año 94- mantenía negocios agrícola-ganadera, paralelos a su desempeño en la justicia, a pesar de que la constitución de la Provincia de Córdoba, el Código de Comercio y el Código de Ética impiden la participación de los jueces en la actividad comercial. Por su parte, su esposa, Norma Bermejo fue senadora nacional por Unión por Córdoba -el partido del gobernador José Manuel De la Sota- durante el año 2003.

Frente a  esta situación de traba judicial en Córdoba, lxs vecinxs solicitaron un recurso extraordinario para que la petición pase a un tribunal federal. El TSJ hasta la fecha no dio aviso de resolver a favor o en contra sobre este recurso, imposibilitando que el proceso acceda a la justicia federal. En enero de este año, el amparo salió a favor de lxs vecinxs de Malvinas, obligando finalmente a suspender las obras de la planta hasta que se presente el estudio de impacto ambiental y se realice la consulta popular, según lo que siempre determinó la Ley. En el mismo mes de 2014 una nueva Comisión Técnica Interdisciplinaria, dependiente de la Secretaría de Ambiente, rechaza el EsIA presentado por la empresa.

Hoy el TSJ, vuelve a poner en duda la instalación de Monsanto al tratar de resolver, a través de un recurso directo presentado por el municipio de Malvinas y la empresa cuestionada, si la obra continúa a pesar de que no fue aprobado el estudio de impacto ambiental y sigue firme el acampe contra la Multinacional.

Tirarse “el conflicto” unxs a otrxs

A pesar de los problemas mencionados, sigue vigente la resolución que el gobierno provincial aprobó con la firma del ex Secretario de Ambiente de la Provincia, Luis Federico Bocco. El mismo fue denunciado penalmente junto a la Comisión Técnica Interdisciplinaria, quienes aprobaron irregularmente no sólo el anteproyecto de la planta de Monsanto, sino también emprendimientos como la planta de producción de dióxido de uranio en Río Tercero y el proyecto inmobiliario de Candonga, entre otros infortunios.

Cuando el gobierno municipal  de Malvinas se unió a las autorizaciones ilegales que permitieron la instalación de la planta, ambos gobiernos (provincia y municipio) responsables del conflicto comenzaron a tirarse la pelota unxs a otrxs. El municipio espera la baja de la resolución de la provincia para actuar en consecuencia -pide a los asambleístas que reclamen en ambiente- y justifica así la violación de la ordenanza del uso de suelo. Por su parte la provincia -a pesar de las falsedades en ella creada y el rechazo del Estudio de Impacto Ambiental-  se niegan a dar respuesta sobre la caducidad de la resolución porque deben consultarlo en la Fiscalía de Estado, quien tiene el control de legalidad administrativa y la defensa del patrimonio de la Provincia.

Frente a los actos administrativos mencionados el gobierno provincial solo toma la iniciativa de  desplazar a funcionarios por ésta situación, a pesar de la sentencia definitiva emitida por la Cámara Laboral ¿Qué esconde, este juego de grises, en el que se hacen interpretaciones de la legislación, se dilatan los tiempos y se inculpa a terceros?

Se corre el rumor de que nadie quiere cargar con un juicio por parte de Monsanto, como esta amenazada la intendencia de Río Cuarto. Se juega entonces un partido sin reglamento, sin juez de línea que les marque un fuera de juego en la carrera política que ningunx quiere perder.

El incumplimiento de leyes provoca una lamentable convivencia social y ambiental, que generan los mismos gobiernos y que en connivencia con la justicia sólo modifican su accionar y fallan de acuerdo a la trascendencia del conflicto. Las intenciones son claras para la instalación de emprendimientos que implican una gran inversión por parte de las empresas y más cuando un porcentaje de aquél capital va como dádiva a los funcionarios que deben efectivizarla.

Monsanto invierte en Malvinas Argentinas, para obras públicas, infraestructura y talleres de capacitación básicos. No solo vino a sembrar y seleccionar granos, también vino a fortalecer sus vínculos rotos con la sociedad. Como muchos municipios no tienen fondos para sostenerse -motivo por el que deberán rendir cuentas de su administración- realizan obras públicas o generar proyectos de integración social y económica en la población con empresas privadas. Es entonces que terminan dependiendo y asegurando su perpetua gestión a través de las multinacionales para parchar una comunidad que necesita de verdaderos cambios estructurales.

En este sentido es muy conocido el caso de la minera La Alumbrera, apostada en el municipio de Andalgalá (Catamarca), obra faraónica que remueve, por día, 340 toneladas de roca y utiliza, por minuto, 66 mil litros de agua. Factura por año 680 millones de dólares y sus promesas iniciales fueron un barrio para 5000 personas, un hospital de alta complejidad, 6000 puestos de trabajo y protección del medio ambiente. Nada de lo que prometió se cumplió: no hubo desarrollo local, no hubo más trabajo y sí hubo casos de enfermedad en poblaciones aledañas y contaminación tanto del suelo, del aire y el agua, por lo tanto con lo único que cumplieron fue con el hospital.

Frente a situaciones donde el ecosistema y las comunidades deberían ser protegidas por leyes que lxs funcionarixs de turno debieran cumplir, son lxs vecinxs organizados en acciones sociales lxs que terminan protegiendo a la población y presionando para que en el desarraigo que sufre la comunidad cordobesa.

El cuento de la buena pipa

El conflicto en Malvinas Argentinas destapó la problemática institucional y legal descrita, pasaremos a compartir algunos dichos del Intendente de Malvinas Argentinas, Daniel Arzani, en la última conferencia de Prensa realizada el 20 de Marzo en el marco de una marcha que realizaron vecinxs y organizaciones sociales pidiendo al intendente la salida de Monsanto de la comunidad. Los entramados detrás del conflicto:

“Hemos atrasado dos años al pueblo con todos estos problemas”

El intendente aún no sabe cuando podrá darle la salida a Monsanto porque evita como lo hace la provincia un posible juicio de la empresa. En su discurso el Intendente pone foco  en el conflicto e invisibiliza la problemática ambiental . Pretende lograr en dos años lo que no hizo en 15 años de gestión.

«Una ley que no cubría todas las necesidades de los ambientalistas”

Podemos interpretar que para el intendente salvaguardar a las empresas es de mayor importancia que cumplir la ley ya existente y escuchar las necesidades de su pueblo, organizaciones ambientales, universidades y especialistas. Espera  una nueva ley que proteja los intereses particulares y lo cubra de sus decisiones separándose de la irregular instalación de la planta, que gracias  a los que él llama “ambientalistas y/o hipócritas” se hizo notar.

“Cuando las inversiones son grandes las provincias debe adecuarse a las leyes”

“Más claro echale agua”: Él intendente declara  en pocas palabras toda la anomia e irregularidad existente  en la radicación de Monsanto, aún contradiciendose, en una situación que él acompañó y apeló contra los vecinxs en la justicia. Cuando habla de que en grandes inversiones hay que cumplir la legislación, la duda es: ¿Porqué le tira responsabilidad a terceros y no cumple con la ley provincial y nacional?

VIDEO  CONFERENCIA DANIEL ARZANI

Mientras los gobiernos pierden cada vez más su legitimidad y licencia social para decidir, en un entramado de irregularidades y mentiras, nuestro ecosistema y nuestras comunidades son devastadas y enferman. Por su parte, el gobierno nacional continúa en un inmutable silencio, frente al anuncio de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, como quien tira la piedra y esconde la ley.

”¿Querés que te cuente el cuento de la buena pipa?” – “SI” – “No te dije Si te dije si querés que te cuente el cuento de la buena pipa”. Éste relato de la niñez viene a describir con precisión los discursos y accionar de lxs funcionarixs en esta absurda historia del “progreso” que parece de nunca acabar.

Fuentes:
Informe sobre»Conflictividad social en la Localidad de Malvinas Argentinas» del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC).