La injusticia social al límite
Un inédito pedido de un polémico fiscal: meter preso a personas por realizar una sentada a media calzada. El procesamiento a los que defienden las tomas de Cuesta Blanca.
Por Lea Ross (@LeandroRoss).
Un juicio polémico estaría por llevarse a cabo en Córdoba. Se tratarían de nueve imputados. ¿De qué se las imputa a éstas nueve personas? De entorpecer y/o obstruir “las Vías Públicas de Comunicación”. Para ser más precisos: de estar menos de diez minutos realizando un corte de media calzada. Para el fiscal Gustavo Marchetti, es razón suficiente para meterlos hasta dos años en prisión.
Todo empezó en Cuesta Blanca, en la toma de tierras de vecinos que reclaman el acceso digno a la tierra y la vivienda. En los últimos días de abril, en aquella región serrana, se realizaron procedimientos por parte de la Policía de Córdoba, que terminaron con la quema de carpas y detenciones a particulares. Uno de los últimos detenidos fue Juan Cochrane, presidente de la Cooperativa Solares Icho Cruz, organización que participa de las tomas.
Bajo las órdenes de Marchetti, en total seis detenidos fueron trasladados a la comisaría de Villa Carlos Paz. Ese mismo día, el 30 abril de éste año, se convocó a una manifestación frente a la alcaldía de dicha ciudad, en la calle San Martín, donde se realizó un corte de media calzada. La modalidad de la protesta: una sentada. Pocos minutos después, el fiscal ordena a la policía que levante la manifestación. El resultado: un fuerte cruce entre vecinos y la policía, que terminó con la detención de quince personas. Entre ellos, el abogado de la cooperativa.
Según relató Marchetti a Radio Universidad, no se trató de una represión y que la orden la dictó debido a que el corte impedía el paso del rally mundial.
Luego de un tiempo, los detenidos serían liberados. Pero Marchetti no se quedaría con los brazos cruzados. Después de realizar las respectivas citaciones a los detenidos, ahora va por un juicio penal para nueve de los quince. “Es una causa mal armada, porque se nos acusa de un hecho que nunca sucedió”, comentó vía telefónica, a ECOS Córdoba, uno de los nueve imputados. Los nueve están acusados de quebrantar el artículo 194 del Código Penal, que estipula una condena de entre tres meses y dos años a todo aquel que, “sin crear una situación de peligro común, impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire o los servicios públicos de comunicación, de provisión de agua, de electricidad o de sustancias energéticas”. Se trata de uno de los articulados más polemizados por las organizaciones sociales. De hecho, es el mismo artículo que utiliza Monsanto para imputar a Sofia Gatica y a los vecinos de Malvinas Argentinas por realizar el famoso acampe contra la multinacional. «El hecho nunca sucedió porque fue un corte de media calzada, no obstruíamos el paso a los vehículos».
Éste martes, los abogados de los imputados se presentarán en la fiscalía de Carlos Paz para interponer una “oposición a la elevación a juicio”. “Esto se enmarca en una lucha por la vivienda y la tierra, no es un hecho aislado”, señala el imputado a ECOS, quien también es integrante del Encuentro de Organizaciones (EO). Hay que destacar que de los nueve imputados, siete militan en esa organización.
“Cabe aclarar, dada la imputación, que es una decisión absolutamente inusual en la práctica jurídico-procesal, lo que muestra claramente la actitud persecutoria a las organizaciones que de modo permanente se encuentran visibilizando la problemática de la tierra y vivienda en Córdoba y un claro impedimento del derecho de protesta”, señala el último comunicado del EO, recién sacado del horno.
«La persecución –prosigue el comunicado-, que de manera sistemática viene ejerciendo el estado provincial, no sólo afecta al Encuentro de Organizaciones sino al conjunto de campo popular organizado, mostrando una clara voluntad por profundizar la criminalización de la protesta social».
Siguiendo el mismo texto, se apunta a que “esto ocurre en un contexto donde ‘casual y simultáneamente’ en la misma semana se dictó una orden de desalojo en Piedra Blanca –comunidad en donde el EO viene trabajando hace tiempo y hay vecinos en toma de posesión de tierras-, al tiempo que compañerxs fueron amedrentadxs por la policía ingresando ilegalmente a sus casas”. Recordemos que el ministro de desarrollo social Daniel Passerini había enviado dos notificaciones para imputar a dos abogados que asesoran a los vecinos que realizan la toma de tierras de dicha región. Ambos abogados también son del EO. “Estos mismos abogados son los que estuvieron implicados en otras usurpaciones donde vemos que a la gente la engañan”, señalaba el ministro a los medios de comunicación.
“Denunciamos nuevamente la actitud del gobierno provincial en connivencia con los intereses inmobiliarios de seguir haciendo de la tierra un negocio ilegítimo y una práctica especulatoria permanente. Denunciamos la actitud persecutoria y represiva con que responden ante una necesidad sentida y concreta como lo es el derecho a una tierra donde vivir. Y nos mostramos preocupados sobre el avance sobre los derechos colectivos de protestar, a organizarse y demandar”, finaliza el comunicado del Encuentro de Organizaciones.
El Fiscal Gustavo Marchetti es una “persona bastante oscura” señala uno de los imputados, “un referente de De la Sota en Punilla”.
A mediados de junio de 2012, se realizaba en la ciudad de Carlos Paz una manifestación, con un comunicado de 1.500 firmas, donde acusaron al justiciero Marchetti de su “accionar extralimitado” , en donde “comprende a personas detenidas sin pruebas y privadas de su libertad durante meses, manipulación de los testigos, retrasos inexplicados en el curso de las investigaciones, represalias, obstrucción de la defensa, reiteradas violaciones al derecho de defensa; plazos que se administran con arbitrariedad, acciones y decisiones que aún constituyendo delito, duermen archivadas hasta su caducidad”. En el manifiesto, declaran además que “el fiscal ordena la prisión preventiva de imputados usando su solo criterio y en algunos casos, agrava las imputaciones aún cuando el desarrollo de la investigación indica que no se han generado pruebas algunas que sostengan la denuncia inicial”.
Como un déjà vu, en el texto del año pasado se menciona que Marchetti “ha realizado detenciones arbitrarias de abogados que luego fueron absueltos”.
A mediados de mayo de 2013, se redacto un comunicado en repudio “por la detención del abogado Ignacio Andrés en la marcha del 30 de abril cuando junto al resto de manifestantes realizaba una sentada sobre la calle San Martín de Villa Carlos Paz, frente a la sede policia”. Dicho manifiesto junto en total 117 firmas de abogados. Días después, la Universidad Nacional de Córdoba envío una nota al Ministerio de Seguridad de la Provincia, mostrando su preocupación “por la desmedida represión y posterior detención de manifestantes”.
Si se otorgara el benepláctio al pedido por elevación a juicio, pedido por Marchetti, se realizaría en Córdoba un inédito proceso judicial, posiblemente extenso debido a la cantidad de imputados, que revelaría hasta qué punto llegaría la justicia cordobesa en judicializar la protesta. Hasta ahora, llegaría como para encarcelar a personas por estar sentadas en un corte de media calzada que ni llegó a los de diez minutos.
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