Parte 1 – Vecinos y vecinas del sur riojano manifiestan temor por un proyecto de la empresa Ultra Resources Inc. al que accedieron, el cual afirma contar con habilitación para realizar una explotación de oro y cobre a cielo abierto con proceso de lixiviación en cercanías de las ciudades de Chepes y Ulapes. Dicho emprendimiento habría avanzado durante la cuarentena sin conocimiento de la población.

Por Esteban Morales │ @emoraleslr

Debido a la extensión del texto, dividiremos la presente nota en dos partes: en la primera se detalla lo que se conoce del proyecto hasta el momento, planteando algunas interrogantes sobre la Secretaría de Ambiente provincial. En la segunda se analizará quiénes estarían detrás de los proyectos, y se brindará un detallado mapa de los diferentes cateos y exploraciones en la zona.

«La Rioja no se toca»

Como sucede cada cierto tiempo, en La Rioja nuevamente se cierne la amenaza de la megaminería rechazada por la ciudadanía en reiteradas oportunidades desde los hitos que marcó el lema “El Famatina No Se Toca” en 2007 y 2012. En noviembre, el llamado de atención llegó desde los Llanos, al sur de la Provincia en el Departamento Rosario Vera Peñaloza. El día 18 de noviembre, en la plaza principal de Chepes, mostraron banderas con consignas como “Ni plata ni oro, la vida es el tesoro”, “Sin licencia social, no pasarán”, y “No a la minería que contamina, enferma y mata”.

De acuerdo a diferentes informaciones que fueron trascendiendo a finales de octubre de 2020 y que analizaremos a continuación, estaría por iniciarse un proceso de explotación minera de oro y cobre por parte de una empresa de capitales chinos y canadienses, vinculadas con personalidades locales.

En una zona que suele tener seis meses anuales de sequía -que obligan a reiteradas declaraciones de emergencia hídrica- y un promedio anual de lluvias que no llega a los 400 mm., se percibe a la megaminería como un gran riesgo debido al uso intensivo de agua que necesita.

¿Avances durante la cuarentena?

A fines de octubre, la Asamblea Ciudadana del Sur de Los Llanos tuvo acceso a un documento titulado Proyecto para Explotación Minera Sierra de Las Minas Chepes-Ulapes, presentado en octubre por Ultra Resources Inc., en el que se afirma que realizarán extracción de oro a través del proceso de lixiviación con un reactivo desarrollado en China por el Xinhai Group -denominado CNLITE[1]-, el cual -según la página oficial- sería un reemplazo ecológico del cianuro, aunque sin especificar su composición. En el primer análisis de la Asamblea publicado el día 6 de noviembre, los vecinos y vecinas detallan que

“‘ya se encuentran aprobados tres de los dieciséis informes de impacto ambiental presentados’, los cuales fueron solicitados por esta Asamblea y que todavía no han sido publicados”.

Para el inicio de la explotación “se está aguardando la aprobación del total de los informes presentados a fin de gestionar la Licencia Social que permita iniciar trabajos de campo orientados a determinar un volumen de mineral mínimo para montar plantas modulares ecológicas, diseñadas para minimizar impactos negativos cuyo emplazamiento se pretende discutir y acordar con las autoridades políticas y de aplicación”.

 En cuanto a los plazos de ejecución, este mismo documento señala que

“dependiendo del Corona Virus y con los elementos de seguridad apropiados podremos iniciar la Primera Parte del proyecto que comenzará con muestreos, mapeos y geofísica, para lo cual Inicialmente se emplearán entre 15 a 20 personas de Chepes y zona de campaña. Es muy importante que una vez iniciado, el proyecto no sufra interrupciones pues para cubrir los altos costos, deben cumplirse los tiempos planificados y resguardar la credibilidad de inversores”.

Informes de Impacto Ambiental y Licencia Social

En el documento se afirma también que se estaría gestionando la “licencia social”. ¿A qué se refiere concretamente este concepto? Es la legitimidad que pueda otorgar la ciudadanía a determinados proyectos: la aceptación o no de un emprendimiento, según el análisis que la propia población haga de los Informes de Impacto Ambiental. Para esto, es esencial en primer lugar que dichos informes sean de acceso público y, en segundo lugar, que se establezcan mecanismos de discusión abiertos a toda la ciudadanía como consultas populares o audiencias públicas.

Estos mecanismos están previstos en la Ley General del Ambiente de Nación (Ley 25675, del año 2002) y en la Ley Provincial de Medio Ambiente 7801 de 2004 (y su modificatoria, 3855 de 2008[2]), además de lo indicado en el Código de Minería Nacional y el Código de Procedimientos Mineros provincial. La autoridad de aplicación de la Ley de Medio Ambiente es definida por cada provincia: en el caso de La Rioja, es la Subsecretaría de Fiscalización Ambiental (a cargo de Ruric Sáez), dependiente de la Secretaría de Ambiente de La Rioja, cuyo director es Santiago Azulay. Además de ser el Secretario de Ambiente provincial, desde febrero Azulay es presidente del Consejo Federal de Medio Ambiente (CoFeMA).

En cuanto a los mecanismos previstos para la participación ciudadana, la Ley General de Ambiente establece que “toda persona tiene derecho a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente…” (Art. 19) y que “las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente…” (Art. 20). Si bien estas audiencias o consultas no son vinculantes, deben realizarse y debe asentarse cuál es la opinión de las poblaciones. Además, tanto desde Provincia como desde Nación se afirmó siempre que, sin licencia social, los proyectos no avanzarían.

En relación a la participación ciudadana, el Art. 21 afirma que “deberá asegurarse, principalmente, en los procedimientos de evaluación de impacto ambientaly en los planes y programas de ordenamiento ambiental del territorio…”. En La Rioja, las mencionadas leyes 7801 y 8355 establecen que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (Eva.I.A.), estará integrado por las siguientes etapas: a) Estudio Impacto Ambiental (Es.I.A.); b) Dictamen Técnico (D.T.); c) Dictamen del Consejo Provincial del Medio Ambiente; d) Audiencia Pública”. Para el caso puntual de la minería, los dos primeros están establecidos en el Código de Procedimiento Minero: las empresas deben presentar un Informe de Impacto Ambiental diferente para cada una de las etapas: cateo, exploración y explotación, siendo este último el más detallado. Luego, la Secretaría de Minería y Energía debe realizar la Declaración de Impacto Ambiental, meramente administrativa, con la que otorga autorización de dicha área. Posteriormente, debe intervenir el Consejo Provincial de Medio Ambiente, y realizarse la audiencia pública prevista en las diferentes legislaciones.

La ley provincial prevé que la Subsecretaría de Fiscalización Ambiental de la Secretaría de Ambiente -la autoridad de aplicación- a cargo de Ruric Sáez “establecerá un sistema de información pública, a fin de dar a conocer los Estudios de Impacto Ambiental que le sean elevados, como así también las opiniones de las audiencias públicas y dictámenes técnicos que se produzcan durante el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (E.I.A.)”, (art. 19), y es quien debe “…convocar a Audiencia Pública a fin de consultar a la comunidad sobre los proyectos o actividades presentados” (art. 20).

El Consejo Provincial de Medio Ambiente mencionado en el párrafo anterior debe ser creado dentro del ámbito de la Subsecretaría a cargo de Sáez -según lo establecido en la legislación-, y deberá estar integrado por: “un representante de la Autoridad de Aplicación; un representante de la Dirección General de Minería de la Provincia [actual Secretaría]; dos legisladores en representación de la Cámara de Diputados; un representante del Municipio en el que se desarrolle la actividad que deba someterse al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental; un representante de las Universidades con presencia y/o sede en la Provincia; un representante de las Organizaciones No Gubernamentales (O.N.Gs.) ambientalistas con personería jurídica”. El mismo, previsto en el Art. 111 de la Ley 7801 de 2004, debía conformarse en un plazo de 60 días, según el Art. 114.

¿Cómo es la situación actual en Chepes?

A partir de una solicitud que la Asamblea Ciudadana del Sur de los Llanos realizó de manera conjunta con el Concejo Deliberante de Chepes el día 13 de febrero, la Secretaría de Minería y Energía extendió un informe en el cual detalla cuáles son los proyectos que a la fecha están activos en la zona, tanto en proceso de cateo como de exploración. Es la última información oficial con la que cuentan.

En ese documento se mencionan los procedimientos de confección de Informes de Impacto Ambiental por parte de las empresas, como también la “licencia ambiental” que otorga dicha Secretaría, a través de la Declaración de Impacto Ambiental. No se mencionan la licencia social ni los mecanismos de difusión y de participación ciudadana previstos en la legislación descripta previamente.

A la fecha, los vecinos y vecinas tampoco tuvieron acceso a los Informes que la empresa Ultra Resources afirma haber presentado y que estarían aprobados por la Secretaría de Minería y Energía, y tampoco recibieron información de parte de la Secretaría de Ambiente: desconocen de la conformación del Consejo Provincial de Medio Ambiente, y en ningún momento se les informó sobre la realización de audiencias públicas previas al inicio de las actividades que, según el documento de la empresa, estarían en condiciones de comenzar. Con respecto a los posibles espacios de participación ciudadana, desde 2008 a la fecha no se realizó ninguna audiencia pública como establece la Ley General del Ambiente: sólo se realizó una audiencia en 2014 por el proyecto en El Cantadero, pero fue dentro de la Comisión de Recursos Naturales de la Legislatura, sin apertura a la ciudadanía.

Por último, podemos mencionar que no es clara la postura pública del Secretario de Ambiente con respecto a la megaminería. Si bien en 2015 manifestaba que “la minería no está en la agenda de la prov.” en su cuenta personal de Twitter, en 2018 participó del Prospector & Developers Association of Canada (PDAC) en Toronto, la convención de minería más importante del mundo, y en la cual Argentina dispone de un stand para ofrecer proyectos a inversores.

Llama la atención la participación en dicha convención de un secretario de ambiente que manifestó públicamente no tener en agenda la minería. En la publicación sobre el evento, realizada desde la cuenta de Facebook de la Secretaría de Minería y Energía, se afirma que

“La Rioja expone su potencial minero en Toronto, en busca de inversiones para desarrollar su gran potencial minero”.

Además, se señala que “La Rioja fue invitada especialmente por autoridades de Nación interesados en el desarrollo de la provincia”.

El impulso de proyectos megamineros por parte de un secretario de ambiente riojano no es nuevo: en 2006 generó un gran revuelo el caso de Abel Nonino, quien en Famatina y en pleno conflicto con las comunidades por la posible instalación de Barrick Gold, debió explicitar que ocupaba dos cargos de manera simultánea: Subsecretario de Minería y Director de Medio Ambiente.

Las primeras noticias sobre el Proyecto de Ultra Resources

Juan Parrilla, periodista de El Federal Online, realizó en febrero de este año dos informes[3] de lo que se había publicado hasta esa fecha en relación a los proyectos en los Departamentos Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martín (de los que Chepes y Ulapes son cabeceras), avizorando lo que sucedería a posteriori. Entre otras cosas, detectó que el 23 de enero de 2019 “se reunieron algunas autoridades con ejecutivos de Ultra Lithium Inc, que en diciembre fue rebautizada como Ultra Resources. Estuvieron en este encuentro el ex gobernador Sergio Casas, el ministro de Infraestructura, Juan Velardez, el intendente de Rosario Vera Peñaloza, Cristian Pérez, y el ex diputado Mario Guzmán Soria”.

Esta reunión, explica Juan Parrilla, pasó desapercibida porque no fue informada con claridad por el gobierno en ese momento: “‘La Provincia avanza en proyectos de energía limpia’, fue el título de la gacetilla sobre el encuentro, que no mencionó la palabra minería. Pero además, la nota de prensa ocultó el nombre y la actividad principal de Ultra Lithium, a la que definió como “Ultra L., [una empresa] de exploración y desarrollo”. En la nota se menciona también al corredor bioceánico del IIRSA.

El 11 de junio de 2019 la Provincia autorizó -a través del Boletín Oficial– la exploración y cateo de tres áreas, denominadas Ultra I, Ultra II y Ultra III, entre los Departamentos Rosario Vera Peñaloza y Gral. San Martín, en una zona de aproximadamente 28 mil hectáreas. Estos cateos, se indicaba, incluían tierras pertenecientes a otras empresas, por ejemplo “Mina El Arbolito” a nombre de Yamiri S.A. (empresa sobre la cual volveremos más adelante) y “Mina San Antonio” a nombre de Rafael Fabriciano Agüero. A su vez, los cateos en Ultra II y III se superponen a tierras de “Cateo Chicho” de Renca SRL y “Mina Jazmín” de Juan Guillermo Orozco.

Posteriormente, en el mes de julio, la ahora bautizada Ultra Resources anunció la firma de acuerdos de explotación -como detalla worldenergytrade.com– con la aprobación de otra “13 licencias de minería” en un espacio de más de 30 mil hectáreas. El Federal Online destaca que las tres primeras “son para prospectar y realizar actividades de exploración por un período limitado”, y que las 13 restantes “otorgan derecho de desarrollar y extraer minerales sin límites de tiempo”.

En agosto del mismo año se publicaron nuevas informaciones en el Boletín Oficial, como recabó El Federal Online: los días 16, 23 y 30. Allí, “Ultra Argentina informó que presentó una solicitud de manifestación de descubrimiento de oro y cobre en la zona denominada ‘Cuesta de La Florida’, que está dentro de Ultra III, en las coordenadas X=6504901.00 – Y=3472666.00. Ese hallazgo le permite pedir la concesión”.

Todas estas autorizaciones se hicieron bajo la gestión de Juan Sacco, ex Secretario de Minería, quien el 25 de septiembre de 2019 presentó su renuncia luego de ser denunciado públicamente por acoso y maltrato laboral hacia trabajadores y trabajadoras a su cargo. A partir de esa fecha sería reemplazado por Herman Hünicken, quien continúa hasta la actualidad.

El Federal Online indica que, el 20 de diciembre, posterior a la asunción del actual gobernador Ricardo Quintela, “se publicaron en el Boletín Oficial los edictos de cateo de los proyectos Ultra IV, Ultra V, Ultra VI y Ultra VII ” .

¿Qué novedades hubo en 2020?

En 2019 estos proyectos dieron inicio bajo las gestiones del gobernador Sergio Casas y el secretario de Minería Juan Sacco. En septiembre de 2019 asumió en Minería Herman Hünicken, y en diciembre Ricardo Quintela como gobernador. En esta nueva gestión aparentemente los proyectos continuaron avanzando, inclusive durante la cuarentena.

Hoy, la situación de alerta de vecinos y vecinas es máxima: al acceder en octubre al documento que confirmaría el inicio de la explotación, comenzaron a realizar diferentes movilizaciones en la ciudad de Chepes. En este contexto, el 16 de noviembre el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan Cabandié, aprovechó una visita a la provincia para manifestarse con un gesto a favor de la megaminería:

“No es cuestión de ponerse en polos opuestos como deporte, sino que es buscar racionalidad. Y obviamente entender lo productivo pero también entender lo ambiental. ¿Por qué digo esto? Porque los problemas ambientales no son solamente ambientales, son socioambientales, y la actividad productiva produce que las personas puedan tener condiciones dignas de vida. Entonces, no es cuestión de arrasar con las actividades productivas en pos de proteger el ambiente…”.

Tanto el gobierno provincial como Nación hacen hincapié en respetar la licencia social. Sin embargo, en la práctica el proyecto parece haber avanzado a escondidas de la población como ya ha sucedido en innumerables ocasiones, sabiéndose del amplio rechazo de la sociedad riojana a la megaminería. Llama la atención que el vocero de Nación en esta ocasión no sea el Secretario de Minería sino el Ministro de Ambiente: como en 2006 en Famatina, se busca vestir de verde a este tipo de explotación.

Mientras los vecinos y vecinas reclaman información oficial sobre estos proyectos, también exigen que la Provincia y Nación les escuchen: “en Chepes no hay licencia social para la megaminería”.

Referencias

[1] En la página oficial destacan que se pudo recuperar el 94% del oro con mecanismos combinados, “separación por gravedad, enmascaramiento de cobre y lixiviación con reactivo CNLITE”, y que el estudio se hizo en Callanas y Al Espinillo: https://ultraresourcesinc.com/ultra-resources-metallurgical-testwork-shows-94-per-cent-gold-recovery-for-la-rioja-gold-project-in-argentina/

[2]  Como veremos más adelante, esta ley en su Art. 7 deroga las leyes 8137 y 8138 de tan sólo un año atrás. Una de ellas prohibía la minería a cielo abierto, la otra establecía la primera consulta popular en la Provincia.

[3] Dichos informes fueron publicados el 2 y el 6 de febrero de 2020.