Piedra Blanca: Por el derecho a la comunidad

Una vuelta del conflicto legal de Piedra Blanca. Con agrado, hemos tomado los testimonios de la defensa de los nadie, coordinado por los de abajo, dirigida por los intereses de los sin tierra. (Segunda entrega).

@Chocolo_

Por:
Melina Dassano | @Melidassano
Paulina Gómez Pascale | @PaulinaGPascale

Las trayectorias de los abogados Martín Issa, Javier Elías, Sergio Job e Ignacio Andrés, como defensores de la comunidad de Piedra Blanca y otras tomas en la provincia pretendieron ejercer los derechos de acceso a la tierra, se encuentran vinculadas a un proceso de docencia que solo un trashumante puede legitimar. Esto les ha permitido contar con los elementos necesarios para armarse de conocimiento, ejercer la profesión con un objetivo fundamental: “Tierra y Resistencia”. Fueron encarcelados, denunciados y discriminados, por defender a los nadie.

La complejidad de un oficio no sólo se define por su aprendizaje, es más un propósito de intercambio que se vincula también con la enseñanza, por la dimensión que mantiene con lo social y cultural. Así, constantes contradicciones genera la opinión pública, por la tarea que debe ejercer un profesional, ligadas a demandas cognitivas, metodológicas, afectivas y un largo etcétera que lo resumen mejor los propios actores.

Dialogamos con tres de los abogados, que eligieron hacer comunitaria esta profesión, luchando por la igualdad de derechos para los de “abajo” como le llaman, trabajar con la gente que menos tienen, aunque tanta solidaridad sin fines de lucro pueda molestar los intereses de los poderosos, que no dejan de demostrar el trato autoritario sobre la asistencia pública para lo cual tienen el deber de trabajar.

Una tarde visitamos a Sergio Fernando Job y nos introducimos al tema legal para empezar a conocer cómo se abordó la causa Piedra Blanca. El Doctor Job, abogado del Encuentro de Organizaciones, nos resumió sobre el tema. “Galetto inicia la denuncia. Dicen tener título sobre la tierra, no tienen nada. De algo te tienen que acusar, dejan abierta la puerta a que además de los 24 imputados, con la colaboración de sujetos no determinados, aún del Encuentro de Organizaciones. La línea principal de investigación era contra los tres abogados de la comunidad. Lorenzetti fue quien hizo la denuncia al Colegio de Abogados y muchas organizaciones nos apoyaron. Después intentaron avanzar sobre los compañeros que asisten en la comunidad”.

«(…) Se imputa porque habrían roto alambres, ocupado el predio, despojado lo que sería el poseedor y luego haber limpiado el terreno con máquinas viales, surrealista. No hay vía civil para demostrar la titularidad y posesión. Ni siquiera la abrieron. Hicimos la oposición cuando nos notifican la elevación a juicio. Presentamos dos nulidades donde pedimos que intervenga la secretaría de niñez,  adolescencia y la familia. No lo llamaron nunca. Nulidad con respecto a los querellantes. Se necesita un grado de probabilidad para iniciar juicio, el día que pasó, al no haber datos están violando el derecho a defensa. Todos los testigos que ofrecieron eran empleados de las empresas. Ya está para clausurar la instancia, por eso piden la elevación a juicio, sin elementos de convicción. En la causa solo se discute la posesión de la tierra, el resto es extrajurídico. Nos acusaron de un delito que no existió”.

El rumbo de una investigación es seguir profundizando y realzando la voz de quienes brindan sus espacios -en este caso legales-, para la defensa, entre quienes pretenden socializarla y compartirla. Es así como llegamos al estudio de Martín Hissa y lo entrevistamos. Resumimos parte de su trabajo y pensamiento.

VIDEO 1° parte de la entrevista a Martín Hissa >> ( Ver video 2° y 3° parte en La Defensa – Estado)

Comunidad, defensa y Estado

En una complejidad de preocupaciones sobre el caso Piedra Blanca, Martín Hissa (abogado) nos cuenta el desenlace: “La comunidad siempre quiso hablar con el Estado. Ellos teniendo la convicción de que no habían cometido ningún delito, a partir de eso tenían una premisa, ‘lote por lote’, era su lema de negociación. Nos sentamos con la municipalidad y lo único que ofrecía en su momento es una factibilidad, de llevar agua y cambiar el patrón de uso de suelo. Todo quedó en la nada. A principios del 2014, las dos partes, la comunidad y la provincia, manifestaron la posibilidad de solucionar el conflicto. Solucionar el conflicto significa que el Estado deje de tener para éstas familias como única cara visible la cara penal, ante una comunidad que producen y generan enormes ganancias al sector inmobiliario”, define Hissa.

Insiste como defensor de la comunidad: “Muchas veces los funcionarios hablan en término de propiedad, muchas veces la gente no se mueve en esos términos, sólo de quien posee y quien no. Y en Angelelli -barrio donde finalmente ofrecen tierras para la comunidad-, había alambres y posesión. Tenían dueños esas tierras, eso es acentuar la discriminación. Hasta que no tomamos intervención en ésta causa, no habíamos tomado la dimensión de la discriminación en Argentina sobre esas comunidades. Verla tan clara, tan flagrante y sin ningún desparpajo, no lo había visto nunca y de todos, desde la justicia, la policía que decía si no fueran bolivianos sería otra cosa, y los funcionarios. En términos legales, según nuestra Constitución, cualquiera que venga tiene derecho a poblar el país. Éstas comunidades se juegan por trabajos bastante duros”, acentúa el letrado.

Ante la prueba de injusticia continúa: “De ciento cincuenta personas, llegaron con el accionar de la policía y la fiscalía a quedar 11 personas en el lugar. Si te queman la casa, te voltean el rancho, si no te dejan ir los chicos a la escuela, no te dejan bajar agua, en un campo de concentración cada vez queda menos gente, así de claro. El número de imputados fue realizado por una lista del cual se le pidió datos, para así darles un terreno y la gente empezó a  dar sus nombres, más las listas de allanamientos. Incluso hay una persona que fue a tomar mate y quedó imputada, vive en Buenos Aires. El mismo Raúl no está imputado. El grado de improlijidad en ese punto es alevoso. La fiscalía estaba tomando medida, una imputación es, en el común de la gente, en el momento que uno sabe que la justicia te está persiguiendo. Ahora en términos de garantías procesales, penales, es el momento en que la justicia tiene que aclarar de qué te está persiguiendo y por qué te está persiguiendo”.

Había que defenderse. Entonces explica: “Ante el dictado de medidas de la fiscalía y la actuación de la policía, necesitábamos deslindar responsabilidades, había gente que no podía salir y no podía entrar. Policía que querían tirar casas, ante los dichos de una orden de allanamiento. Pedimos que si había una investigación se los imputara, decirles de qué se los estaba investigando, tomará declaración indagatoria y determine el hecho, cuándo, cómo y de qué manera, para determinar el delito. Los imputados son los que azarosamente ese día,  estaban en la toma”, cuestiona Martín.

Contradicciones. “La primer denuncia de turbación de la posesión la hace Galetto, manifiesta que su padre es poseedor y propietario de más de 70 ha., cercado, alambrado. Después se rectifica sólo como poseedor, donde se posicionó la toma era un monte. Mathov como copropietario del cual son herederos de una difunta, con sus tres hermanos y ellos se presentan como titulares, como dueños. De hecho tenían intereses contrapuestos y manifiestan cosas distintas en la causa. Están representados por distintos abogados uno por Pérez Moreno y éste último por el doctor Nayi, padre. Galetto tiene una denuncia penal en su contra por amenazas calificadas, por turbación de la propiedad por una familia Colochini que está al Sur del predio. Luego Alambran y Nayi dice que recuperaron la posesión. Aunque empezó por una denuncia en la unidad judicial Nº 4 en abril 2013, con delito perseguido de oficio. La Fiscal (Dra. Romero Díaz) dictó una advertencia a la gente, en caso que no se fueran, iba a dictar una orden de desalojo. No tiene potestad para definir sobre el fondo de la cuestión, quién define sobre el mérito de poseer o no poseer es el juez civil”, informa sobre la causa Martín Hissa.

En su testimonio explica: “El delito de usurpación es una figura penal que protege el ejercicio de un derecho o de la posesión, la fiscal debe investigar si hubo delito. Se utiliza la justicia penal para que se tome una medida cautelar, para evitar que ese posible delito siga generando daño. La cámara de acusación le puso un coto a los fiscales. Una es verosimilitud en el derecho y peligro en la demora. Después de realizar denuncia, todos fuimos amenazados. Los funcionarios denunciaron a abogados que estaban defendiendo a gente, en un marco de institucionalidad un abogado que está ejerciendo la defensa de alguien, tienen derechos, pero fue solo por amedrentamiento para que nosotros nos apartáramos, lo que intervino el colegio de abogados”.

Ante esto debemos conocer las cosas por su nombre, por eso es mejor la multiplicidad de voces. Dialogamos por primera vez con Javier Elías, sobre el caso Piedra Blanca, la profesión y el interés (como vocación) de elegir como y para quien trabajar.

Ph: Vale Colectivo Indymedia Córdoba

ECOS Córdoba- Una vez que avisan que no se eleva a juicio la causa, ¿cuál es la interpretación que ustedes hacen? ¿Cómo sigue?.
Javier Elías- Técnicamente la falta de mérito no cierra la causa. Lo que dice el Juez de control, (al dictar la falta de mérito), vuelva a fiscalía de origen, continúe con la investigación, haber si encuentran algunos de los elementos que puede haber para que exista un delito y, de ahí con esos recaudos que tome la fiscalía a través de la investigación es si la fiscalía insiste en elevar la causa a juicio o dictar el sobreseimiento de los imputados.

EC- ¿Cómo lo van abordar ustedes?
JE- Nosotros creemos que de lo que intentaron hacer no tienen muchos más elementos que investigar. Incluso los testigos más fuertes que ellos decían tener, son los que ya declararon, y son bastante contradictorios y desde el punto de vista del derecho a nosotros nos parece, que el hecho de haber recibido o aceptado que el señor Mathov por ejemplo, sea parte como querellante, es una falta o un desconocimiento por lo menos del derecho, ya que no puede haber dos posesiones sobre un mismo inmueble. Si bien es titular o tiene la posesión el titular a través de otra persona, que puede haber sido Galetto, o el que tiene la posesión es éste último, a través de su hijo. Dice que su padre es el que se presentó en el registro de poseedores he hizo la inscripción, son elementos muy confusos en la causa. La posesión que no implica la titularidad, porque ésta es el hecho de ejercer actos posesorios en el lugar, técnicamente es imposible que haya dos posesiones, sobre un mismo objeto, en este caso inmueble.

EC- Ustedes también pueden actuar en la causa y decir que algunos de los dos son usurpadores, si esto no existe en la figura legal.
JE- Así es, nosotros estamos siendo bastante cautos con esto, porque si dependiera de nosotros, sí iríamos con cuestiones jurídicas que estamos viendo pero, también entendemos la situación de los compañeros. Por ejemplo; el juez de control nos dice cuando nosotros pedíamos (que intervenga la secretaría de niñez), ahora se vuelve abstracto porque no hay niños en la posesión. Pero, no hay niños por la medida que tomaba la fiscalía, que es la medida de no innovar que implementó guardia las 24 horas, con algunos hechos dudosos que también denunciamos en su momento y no fueron investigados. Nosotros somos bastante respetuosos de lo humano de los compañeros, de las personas que estaban ejerciendo la posesión, hace más de un año a partir de una ocupación, que es el primer paso de la toma de posesión, porque insistimos y está demostrado, que no había signos de posesión antes que entren a ocupar esas tierras la gente que hoy está imputada.

EC- ¿Para terminar una causa se tiene que esperar al sobreseimiento?
JE- Hay dos formas de terminar la investigación, la fiscalía o eleva a juicio, que ahí tenemos nosotros ese recurso de oposición ante el Juez de control como bien dice, controla lo que ha investigado la fiscalía, nosotros nos oponemos porque no hay elemento para elevar la causa a juicio. Es en lo que nos ha dado la razón el juzgado de control. Tampoco el juzgado de control ha ido más allá y ha dictado un sobreseimiento, porque no tiene esa facultad. Dice aca no hay pruebas suficientes para elevar la causa a juicio, vuelva a la fiscalía para continuar investigando, y el que tiene la facultad de clausurar el período de investigación es el fiscal diciendo elevo la causa a juicio o sobreseo a las personas que están imputadas.

EC- ¿Con qué carácter de delito quedarían imputados?
JE- El carácter sigue siendo el mismo, de usurpación, hoy por hoy siguen imputados como usurpadores, nada más que al pasar el tiempo y al no existir más la posibilidad desde nuestra óptica de mayores elementos que puedan aportar para ver si, existen los elementos del delito, lo más probable es que tenga que terminar con el sobreseimiento de los que hoy están imputados.

EC- ¿Y si hablamos de criminalizar la protesta, esto significa cárcel para los imputados, en el caso que se eleve a juicio?
JE- No, si la fiscalía hubiera querido encarcelar a alguien, ya lo podría haber hecho. Son delitos que tienen una pena mínima, entonces son excarcelables, pero sigue siendo en el imaginario cuando esto se mediatiza de esta forma, de que hay delincuencia detrás de unos actos que no son delitos. Esto tiene que ver más con una jugada de opinión pública que del hecho en sí, aunque no deja de ser para la persona que recibe la imputación una gravedad tal, como manchar unos antecedentes, por ejemplo a la hora de buscar trabajo.

EC- Y también para que le sirva de ejemplo estos antecedentes a una figura de un funcionario público. ¿Le sirve tomar esto como delito?
JE- Nombrarlo como delito y ante la opinión pública mostrar que aquel que ocupa predios que no son de su titularidad está cometiendo un delito, nosotros hace mucho tiempo lo venimos diciendo y hasta ahora la justicia nos viene dando la razón. No hay imputaciones en los casos que nos ha tocado a nosotros, no hay condenas por usurpación, porque lo primero que se hace es llamar al brazo más fuerte de la justicia que es la ley penal, en vez de dirimir esto en cuestiones civiles. Es donde puede haber dudas acerca de a quién le corresponde el derecho de tomar posesión o no de la tierra, pero desde el punto de vista del derecho penal no existe delito y esto es lo que venimos sosteniendo tanto para Cuesta Blanca (hay denuncia por parte de la dirección provincial de viviendas y de una medida también de no innovar en el lugar) y para Piedra Blanca.

EC- A veces cuando se asocia a la justicia con el gobierno, se habla que la justicia no es independiente. ¿Qué tiene que ver esta insistencia y participación activa de ésta fiscal, ahora ausente (con licencia), con un amedrentamiento de una figura pública en este caso?
JE– Si, además no nos olvidemos que también una de las estrategias fue acusarnos a nosotros, los abogados. Incluso con una denuncia que nunca prosperó. Para que tengamos una idea, la gente que está ocupando el predio está imputada, incluso se hizo por canales públicos de Córdoba que el propio ministerio, a través del propio ministro de Desarrollo Social, Passerini, denunciaba a los abogados por una posibilidad que exista un delito, no solo que no existía delito sino que nunca fuimos llamados a declarar. Esa denuncia quedó archivada desde el primer momento, para diferenciarnos de lo que es la otra investigación, en la otra se los denunció, se los imputó. La denuncia que hizo el ministerio como parte de esa estrategia no solo alcanzaba con denunciar y acusar a los que ocuparon por una necesidad grande, sino que parte de la estrategia era denunciar y acusar a quienes ejercemos el derecho a trabajar, que es ser defensores como abogados de estas personas que estaban siendo denunciadas y acusadas, y eso en ninguna parte después figuró, sólo quedó en la opinión pública que habían sido acusados los abogados. Luego que esa denuncia no prosperó, son parte de las campañas públicas, parte de la misma estrategia para intentar amedrentar e intentar tapar el sol con la mano, con la gran problemática de tierra que existe hoy por hoy en la provincia.

EC- ¿Y qué me podés decir de esta causa que no entró por fuero civil sino por fuero penal?
JE- No es la única, en la ocupación de Juárez Celman hay más de 250 imputados, entonces se está criminalizando aquél que está teniendo una necesidad, con un derecho que debe ser garantido, por Estado provincial, municipal y nacional. Acá estamos viendo que todo el tiempo está saliendo a responder el gobierno provincial, pero no es el único que tiene obligaciones a garantizar el derecho a la vivienda y acceso a la tierra, también tiene facultad el gobierno nacional y municipal, que son actores que no sé porqué tampoco están apareciendo ni siquiera en la nota de los periódicos, en los distintos niveles. Tengamos en cuenta esto de criminalizar por un lado, la seriedad que implica a aquellos que tienen un derecho, y por el otro lado utilizando el poder judicial más el poder público para amedrentar a aquellos que pueden en algún momento llevados por la necesidad, a tener este tipo de acciones.

EC- Y si tuviéramos que buscar una solución para que esto no siga sucediendo, como institución u/o organización, seguir avanzando en estas cuestiones, ¿cómo sería la idea de no permitirle a los gobiernos que tomen justicia por cuenta propia, fuera de las leyes?
JE- Eso es difícil, primero me parece que es seguir presionando, seguir intentando, que esto se tome como un problema, porque para intentar generar soluciones hay que ponerlo como problema. Creemos que no está teniendo esa real dimensión la problemática de la tierra y la vivienda, que ya está avalada por investigaciones, sufrida y vivida por los pobladores, por la gente no sólo de Córdoba, sino de todo el país. Entonces lo único que nos queda a nosotros seguir organizándonos, resistiendo y buscando a través de la organización unas posibles soluciones, primero con la organización y después con las exigencias a los distintos poderes del Estado.

EC- Es un problema el autoritarismo, en la participación política partidaria oficial y que tiene que ver con la presión a la justicia.
JE- Lo que vos estás planteando es la respuesta que intentan dar a la problemática, cuando ya ha estallado no está puesta como problema para pensar posibles soluciones antes que esto pase. La única respuesta que hoy estamos teniendo por parte de los gobiernos es la criminalización, la estigmatización de la gente que tiene una necesidad y no una propuesta de ver como hacemos para resolver ésta problemática a la gente.

EC- Por eso mismo lo que están de turno están generando más problemas, más conflicto, en lugar de dar las soluciones que por gestión le corresponde y por ley. ¿Algún resumen de toda esta situación?
JE- Sí, basta de criminalización aquellos que se organizan, porque la organización es una consecuencia de la necesidad y la necesidad una consecuencia de la falta de derechos, por la falta de respuesta y políticas de todos los estamentos de los gobiernos. La problemática no es una, la falta de que no hay, sino que se acrecienta porque la posibilidad que tienen los desarrollistas de acumulación de mucha tierra y muchas viviendas en pocas manos hace que la falta de vivienda sea una de esas consecuencias, donde sí hay leyes que favorecen. Hay muchas herramientas que solo quedan en la forma, para decir que estamos haciendo algo y que pasados los años no tenemos resultados reales de estas políticas públicas que dicen en algún momento van a traer alguna solución. También por eso en esta secretaría de hábitat que se ha creado ahora, le tenemos mucho recelo, uno no deja de festejar, pero también tiene que estar muy atento, porque conocemos cuales son esas soluciones.

EC- Tu oficio, es para ustedes también una misión, porque salen a trabajar y defender unas convicciones muy importantes que es la cultura y la educación ¿Por eso también trashumante?
JE- Formo parte hace 15 años de una organización social que nosotros decidimos trabajar con la gente, no para la gente, desde la autonomía, no pertenecemos a ningún tipo de instituciones. Ese camino ha hecho que una vez recibido, desde mi profesión sume esa defensa o sume mi conocimiento adquirido en una universidad pública, a poder seguir transitando la posibilidad a un mundo mejor y más justo. Yo no soy abogado que ayudo, sino que previo a esto ya veníamos trabajando y hoy la abogacía me pone en un lugar donde puedo aportar de esta herramienta (por suerte viene siendo importante), que tienen los compañeros del abajo, de los barrios, que son las personas que más lo necesitan.

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Ésta urgente urbanización es la sombra de la acumulación, de riquezas, de poder y concentración del capital, bajo una mirada global de los de arriba. El poder siempre estuvo coronado por aquél que más acumulación de tierras ha tenido, el triunfo para quién ha logrado su negocio en altura. Y larga vida, para la democracia del millonario, aquél cuyo cargo público le ha sido regalado por los pobres, para tomar decisiones sobre la vida de los demás, acrecentar la desigualdad  del conocimiento, lejos de lo rural, en la manía de controlarlo todo.