Qué onda las audiencias públicas?

Según un relevamiento periodístico, de las 220 convocatorias para discutir la viabilidad ambiental de proyectos, solo una convenció a la Provincia para rechazarlo.

Audienia pública sobre el dique Carapé. Imagen de Santiago Lauret

Por Lea Ross | @LeandroRoss

El periodista Lucas Viano, encargado de la sección de Ciencia y Ambiente del diario La Voz del Interior, publicó una serie de artículos en base a los números de las audiencias públicas que se llevaron a cabo en la provincia de Córdoba, para discutir la viabilidad ambiental o no de determinados proyectos presentados al Estado. Se trata de la instancia en donde vecinas y vecinos pueden exponer sus opiniones sobre los respectivos estudios de impacto ambiental que presentan los autores de determinadas obras.

Dicha instancia se tornó obligatoria con la promulgación, en junio de 2014, de la Ley de Convivencia Ambiental o Ley Provincial de Ambiente (Nro. 10.208), que nació a partir del conflicto de Monsanto en Malvinas Argentinas. En ese entonces, la anterior ley permitía a las empresas iniciar las obras, aun cuando no contaran con el aval de la cartera de Ambiente de la Provincia. Tampoco era obligatoria la instancia de participación ciudadana.

Ahora, con la actual normativa, los proyectos que están obligados a, no solo tener previamente el estudio aprobado, sino también a pasar la instancia de participación “popular”, sea por audiencias o por consulta, son los siguientes: centrales eléctricas, plantas químicas y siderúrgicas, fábricas para fusionar metales, plantas e industrias extractivas (mineras, energéticas, etc.), nuevos caminos, plantas de tratamiento de residuos peligrosos, desarrollo urbano, diques, mataderos y frigoríficos, sistemas de aprovechamiento de agua, introducción de especies exóticas, silos, explotación de animales, incineradores, etc.

Según reveló Lucas Viano, en tres años de la existencia de esta normativa se llevaron a cabo 220 audiencias públicas ambientales.

De esas 220 audiencias, ¿cuántas lograron convencer a las autoridades para rechazar los respectivos estudios debatidos?

Una.

Solo hubo, hasta ahora, un único caso en donde la Secretaría de Ambiente rechazó un proyecto, en base a los testimonios de una audiencia.

Se trata del proyecto de la cantera Saldán, cuya audiencia fue llevada a cabo el 22 de diciembre de 2015, época en donde todo el mundo estaba con los preparativos para la Navidad. Aun así, con un total de 85 inscriptos, todos los exponentes se posicionaron en contra de la iniciativa. La crítica principal fue que el proyecto minero pretendía instalarse sobre la Reserva Hídrica Saldán Inchín. Razón más que suficiente para que la audiencia ni siquiera se concretara. Y sin embargo, la Secretaría le dio el aval para hacerlo.

Muy similar al reciente caso del proyecto Nacar, que pretende instalarse en la Reserva Hídria Achala, cuya audiencia fue frenada por un amparo. Su estudio de impacto ambiental, encima, solo tiene 24 páginas y fue hecho hace 12 años atrás.

También han habido otros casos en donde los proyectos no prosperaron, más allá de lo resuelto o no en las audiencia. Por ejemplo, el proyecto inmobiliario “El Montecito”, en la localidad de Unquillo, fue muy criticado en la audiencia pública, a fines de 2015, bajo el dolor de las heridas abiertas que dejaron las inundaciones trágicas de las Sierras Chicas en febrero de ese año. Un par de meses después, el municipio decidió rechazar el proyecto, más allá de la opinión de la Provincia sobre el emprendimiento. Algo similar ocurrió con el proyecto del dique sobre el río Carapé, iniciativa del Gobierno Provincial como modo de frenar las inundaciones, y que aun hecha la audeincia, la propia gobernación se retractó con el avance del mismo.

Otros proyectos se frustraron antes de realizarse la audiencia, como el de una planta de asfalto en Huerta Grande, en el Valle de Punilla, que el municipio frenó por la presión social, justo un par de días antes de la convocatoria. O incluso casos en donde hay proyectos que ya realizaron la audiencia, pero que quedaron en stand by por la acción directa vecinal y su judicialización, como es el caso de la planta de residuos de Cormecor. Dicho sea de paso, su audiencia pública se hizo en la región norte de la Capital, todo lo opuesto a la localización del emprendimiento, que es al sur.

Según la plataforma de la Ley de Ambiente de Córdoba (www.leydeambiente.cba.gov.ar), administrada por la Secretaría de Ambiente, la primera audiencia llevada a cabo fue en la ciudad de San Francisco, para el proyecto inmobiliario “Nuevocentro”. Dicha instancia de participación ciudadana se llevó a cabo el 08 de septiembre de 2014. Se inscribieron 17 personas, y duró solo 20 minutos porque las exposiciones fueron hechas por parte de la empresa y el resto se limitó a hacer preguntas.

De aquellas 220 audiencias públicas, la cuarta parte se realizaron alrededor de la ciudad de Córdoba. Es decir: 39 de ellas fueron realizadas en el departamento Colón, donde hubo más cantidad. Seguido por Santa María, con 22 audiencias. Y tercero, la propia Capital con 14.

Una de las primeras que se realizó en Colón fue por un loteo de la ciudad de Jesús María. Fue llevada a cabo el 20 de noviembre de 2014, para el loteo denominado “El Iván”. No se inscribió nadie.

En el 40% de las 220 audiencias, se discutieron proyectos del rubro inmobiliarios, sacando a relucir el rol que cumple la dinámica demográfica frente a las inquietudes ambientales. El 37% corresponden a actividades ligadas a la minería, donde sobresalen las canteras. Y finalmente, un 11% se trata de actividades industriales en general. Solo un 3% de esos proyectos son iniciativas directas del propio Estado.

Desde el año pasado, Ambiente cuenta con la Resolución 77/2016, que le permite a la Comisión Técnica Interdisciplinaria -la cual le ofrece al secretario de ambiente una opinión técnica sobre los estudios- realizar un informe preliminar a la audiencia, para que después de la misma se realice un segundo informe, esta vez cerrado, con el aporte de los vecinos. Distintos abogados han manifestado que esta resolución convierte a las exposiciones de los vecinos en una mera “ayuda” a los técnicos para complementar lo que necesitan para salvar los emprendimientos.

A partir de la Resolución 77/2016, el caso “Saldán” no se volvió a repetir. De hecho, el primer proyecto favorecido fue el “Distrito las Artes” de Eduardo Eurnekián, sobre el ex Batallón 141, empresario ligado a supuestos testaferros del ex gobernador José Manuel de la Sota, para la concesión de la aun no terminada obra del Camino del Cuadrado.

Una mención especial merece el caso de “El Gran Dorado”, el proyecto que la empresa GAMA pretendió instalar en San Antonio de Arredondo. Quizás, la única audiencia “judicial”, porque fue ordenada por la propia justicia, ya que el gobierno se negaba a llevarla a cabo. Alrededor de 300 expositores se posicionaron, todos, en contra de la obra. A partir de esos testimonios, la jueza de primera instancia de Villa Carlos Paz no solo ordenó cancelar el proyecto, sino también remediar los daños por desmonte.

Y para terminar, no se debe despejar la mirada sobre proyectos que ya están instalados o que se llevan a cabo, en los que la participación ciudadana floreció por su completa ausencia, más allá de lo referido a audiencias ambientales en el marco de la Ley Provincial de Ambiente. Uno de esos casos es el de la fábrica de alcoholes y bioetanol Porta Hnos., denunciada por contaminación y que se espera una audiencia de conciliación para el 07 de agosto en la Justicia Federal; otro es el emprendimiento inmobiliario El Terrón, en Mendiolaza, que realiza enormes desmontes para un pueblo devastado por los cortes agua, los diluvios y la voracidad inmobiliaria. En ambos se presentan diferentes maniobras por parte de los empresarios para conseguir el consenso ciudadano: en el primero, a través de premios y publicidades para medios de comunicación con lineamiento “progre”. Mientras que en el segundo, encabezando a los principales aportantes de pauta privada para el portal más visitado de Córdoba, perteneciente a La Voz del Interior.

Un panorama dificultoso a la hora de discutir sobre proyectos que pueden poner en peligro el panorama socio-ambiental de nuestra Provincia, como solo el Cordobesismo acostumbra a trabajar.