Vecinxs de Malvinas Argentinas enfrentan a una Justicia «irresponsable»
Presentaron una denuncia por la omisión de la Jueza Graciela Escudero de Fernández en el proceso de prueba que lleva el amparo y en un acto que ha demorado más de un mes la causa judicial.
Lxs vecinxs de Malvinas Argentinas llevan adelante una importante batalla socioambiental contra la Multinacional Monsanto, además de tener que luchar contra los gobiernos y la justicia que, parece proteger al poder económico. Así lo demuestra la Jueza Graciela Escudero de Fernández que por medio del juzgado de conciliación de 4ta. nominación, trabó en dos oportunidades el proceso de la vía judicial del amparo, al enviar el expediente en un primer momento al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y a la Fiscalía Civil, motivo éste por el cual se la denuncia penalmente, omitiendo procesos administrativos e incumpliendo así el deber de funcionario público.
Federico Macciocchi al ser conusltado por “Ecos Córdoba” sobre la situación actual de la causa nos expresa su preocupación sobre el manejo del expediente:»… la jueza de manera irresponsable lo remitió al TSJ, sabiendo que la causa estaba en estado de prueba» […] Por su parte el letrado consideró de irresponsable la actitud por parte de la magistrada …quien vuelve a remitir el expediente a la Fiscalía Cívil dándole intervención en el proceso de amparo, perjudicando el acceso a la justicia a lxs vecinxs denunciantes por más de 30 días, de esta manera Escudero de Fernandez procede violando la ley.
Por otra parte en la Legislatura de Córdoba se presentó una copia de la denuncia penal ante el juzgado de enjuiciamiento, para que se vea la posibilidad de abrir una investigación por éste actuar, más allá que “el expediente ha sido devuelto, por las acciones correspondientes de los vecinxs», informó Macciochi al recordar que no le resulta gratificante tener que acudir a éste tipo de denuncia. En éste proceso miembros de la Asamblea “Malvinas Lucha por la Vida”, presentaron ante la intendencia de Malvinas Argentinas, un oficio para que informen sobre la medida cautelar que lleva dos meses.
El procéder de Monsanto ante disputas judiciales
Dos amparos contra Monsanto se registran en lo que va del año, uno en Argentina, otro en Paraguay donde 34 productores de la Asociación de Productores de Soja (APS) reclamaron por el cobro de regalías, el cual finalizó a favor de Monsanto, al declarar la Multinacional que en EEUU el vencimiento por la Soja RR será recién en el 2014. Así mismo en el estado de Mato Grosso (Brasil), en la disputa judicial que mantenía con los agricultores, en el cese al cobro de las regalías pero «Los productores que acepten el acuerdo obtendrán una licencia que les permitirá adquirir la soja Intacta RR2 PRO», aseguró Monsanto en su comunicado.
En Paraguay, «el gremio se propone terminar con el pago sin perjuicio de cualquier otro tipo de negociación sobre otros eventos», agregó refiriéndose a la variedad Intacta RR2 Pro que está en proceso de ser liberada para su comercialización en el país.
En Argentina se hizo visible una causa, llevada adelante en la Justicia de la Unión Europea, en una disputa comercial del año 2005, donde dictaminó una sentencia de embargo por una demanda que Monsanto había presentado en los tribunales de Holanda, contra varias empresas que importaban harina de Argentina con trazas del tipo de transgénico la «soja RR», cuyo gen había registrado en Europa la firma estadounidense. La disputa comercial se disparó en 2005 cuando Monsanto embargó en Holanda partidas de harinas de soja argentina para cobrar los derechos o regalías. El Tribunal de Justicia dictaminó que el gen patentado estaba en estado «residual» en las partidas de harina y que Monsanto no puede impedir la venta en la UE de un producto que lo contenga en esa proporción.
Los ojos en la Justicia
Monsanto no tiene licencia social en el mundo, la mayor resistencia la ofrece la provincia de Córdoba, en Argentina, ante la instalación de la «empresa de muerte» como la denominan por su relación directa con la creación del agente naranja, agroquímicos y manipulación de los alimentos genéticamente modificados (OMG). En nuestro pais, dia a dia aumentan las denuncias por fumigaciones ilegales, problemas en la salud, trata de trabajadores rurales, desalojos de campesinos.
Vanos son los intentos de avanzar en materia de derechos humanos e igualdad en el país en un marco donde el pueblo es silenciado, en pleno ejercicio de su soberanía. Así es como la sospecha recae sobre la justicia y los gobiernos, donde Monsanto negocia con la impunidad que le otorga el poder económico, en beneficio de unos pocos y en detrimento de las instituciones y la vida.
A un día de presentada la denuncia y luego de varias irregularidades en el manejo del expediente, el Tribunal Superior de Justicia revoco la medida cautelar presentada en febrero de este año por los vecinxs de Malvinas, dejando sin efecto la resolución dictada por la Sala 2ª de la Cámara del Trabajo de Córdoba, a partir de dar lugar a un recurso directo planteado por la Municipalidad de Malvinas Argentinas al suspender la obra civil de la empresa Monsanto Argentina SAIC, donde proyecta instalar una planta secadora de semillas de maíz.
El Alto Cuerpo ratificó que la compañía dispone de una autorización “restrictiva”, circunscripta a “la realización de la primera etapa del proyecto, ya que no está incluida la puesta en marcha o funcionamiento o etapa operativa”, para lo cual deberá cumplir con las normas ambientales vigentes. Es suficiente agregar que lo que omitió la Cámara para el TSJ es la Ley n° 9855. Lo más sorprendente es el fundamento del Tribunal para el cual: “En este caso, se trata de una verosimilitud aparente, que se encuentra construída o apoyada más sobre un imaginario colectivo de amenaza que sobre indicios concretos que permitan colegir dicho riesgo”, afirmaron los vocales.
En su momento Macciocchi abogado de los amparistas aseguró que esto es un disparate legal, “con ese peligrosísimo razonamiento que ha utilizado la jueza, vamos a dejar que empiece a andar, esperando un poco más, hasta que se llega a la contaminación; violando toda la norma y carácter del principio ambiental que es preventivo, de precaución” al referirse al primer fallo de la Jueza Salazar.
Los vecinxs no son oposición a un gobierno, los gobiernos son quienes se oponen a sus derechos y por tal motivo los Municipios son responsables de negarle al mismo pueblo el derecho a decidir sobre su futuro, en una total relación de desigualdad, donde habita el autoritarismo y se trata de colocar a quienes reclaman en el lugar de enemigos del propio pueblo, casi en un sentimiento de amenaza hacia la carrera política de quien gobierna. Con un proceder habitual actúan las multinacionales, cuando no tienen licencia social, con represión e irresponsabilidad avalada por gobiernos y la propia justicia quien subestima los derechos del cuidadano a vivir en un ambiente sano.
Recordemos que la Justicia Cordobesa presentó en abril de este año un informe del 2009 donde expresa que: «Sólo un 12% cree que la Justicia siempre es independiente». A su vez el TSJ resalta como importante “la burocracia en los trámites y la lentitud para dictar fallos, son los principales problemas”.
Según trascendidos de miembros del TSJ, negaron que recibieran presión, ni política, ni económica, tratando de dejar en claro que: “de esa manera habla de los intentos necesarios para independizar la justicia”.
Córdoba vuelve a movilizarse el próximo 25 de mayo, donde ya se suman 250 ciudades en el mundo que le dirán no a Monsanto y aquí el lema se mantiene intacto «el progreso que contamina, envenena y mata, no es progreso».